Hoy 
Desamparados.- Un sustento torpe y carente de pruebas. Así definió el magistrado René del Rosario, en la picota pública luego de haber puesto en libertad a ocho supuestos sicarios a los que se acusa de la muerte de al menos 12 personas, el expediente que le fue remitido por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Pero el hombre no se quedó ahí. También dijo que el expediente fue elaborado basado únicamente en interrogatorios y supuestas declaraciones de los imputados que luego estos, al momento de comparecer ante al juez, se ocuparon de negar alegando que fueron obligados mediante tortura por los investigadores, además de que a la Policía le faltó pericia y técnica al instrumentar la acusación contra los supuestos responsables de la ejecución de cinco hombres que aparecieron muertos en el kilómetro 28 de la autopista Duarte.
Sin embargo, tanto la institución del orden como el Ministerio Público insisten en que el expediente que prepararon contenía suficientes pruebas como para determimar la prisión preventiva de los imputados, y que el magistrado simplemente las ignoró. ¿A quién debo creerle? Habrá que esperar a la próxima semana, cuando se reúna el pleno de la Suprema Corte de Justicia para echarle un vistazo a la resolución del juez René del Rosario, para tratar de saber quién tiene la razón, pero está clarísimo que así no podemos seguir.
Sea sancionando de manera drástica a los jueces que por incompetencia o venalidad no aplican correctamente la ley, modificando el llevado y traído Código Procesal Penal o mejorando sustancialmente la capacidad técnica y profesional del Ministerio Público y la Policía para que estén en capacidad de enviar a la justicia expedientes mejor sustentados, algo hay que hacer, y pronto, antes de que el deterioro del crédito público de nuestro sistema de administración de justicia nos deje completamente desamparados ante las embestidas de una delincuencia cada vez más desalmada o del afrentoso narcotráfico.
