El ejemplo.- Había que poner un ejemplo y para eso no hay nada mejor que la ley aplicada con justicia, rigor y severidad. El Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Santo Domingo acaba de condenar a dos empresarios metaleros a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de RD$15 millones de pesos en favor de la  Compañía Dominicana de Teléfonos  y Tricom, tras  encontrarlos culpables de la compra y ocultamiento de cables telefónicos robados en perjuicio de ambas empresas.

Desde hace un tiempo el robo de cables, que luego es fundido y exportado con pingues beneficios, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las empresas telefónicas al igual que  las distribuidoras eléctricas, que por ese concepto han perdido millones de pesos, sin dejar de mencionar las molestias e inconvenientes que esos hurtos provocan a los usuarios de  esos vitales servicios.

Lo deseables es que esa sentencia reciba, de parte de sus beneficiarios,  la adecuada difusión pública, para que sirva de advertencia  a  otros  empresarios metaleros que de ahora en adelante sabrán lo que les puede ocurrir si se arriesgan a comprar   cables telefónicos robados, que ojalá se extienda también a las tapas de  alcantarillas, placas conmemorativas, bustos de bronce de próceres definitivamente olvidados y cuanta pieza de metal puedan cargar los ladrones de nuestras calles, monumentos y plazas públicas. 

Lógica jurídica.-  Si es verdad que el nuevo abogado de Rolando Florián Feliz, quien cumple condena de 20 años de reclusión en  Najayo, es un ex convicto por narcotráfico que a pesar de ser sometido a la justicia en 1997 por un alijo de 26.7 kilos de cocaína fue condenado a la pena mínima que prevé la ley 50-88, entonces se trata del mejor defensor que un hombre en sus circunstancias puede conseguir  en  su propósito de  obtener la libertad condicional ante la Corte de Apelación de San Cristóbal. Cuestión de simple lógica.