Amenazados.- Durante su participación esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio el empresario Rafael Blanco Canto confirmó lo que ya era un secreto a voces: que el Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas, amenazó con sancionar a las entidades financieras que registren sus contratos de adhesión en el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, como manda la ley 358-05. Es por esa razón, explicaba el empresario, que los bancos han optado por incumplir el mandato de Pro Consumidor, pues las sanciones de la Superintendencia de Bancos son mucho más severas y tienen consecuencias directas sobre sus operaciones.
Blanco Canto no supo explicar, empero, el porqué de esa actitud ni a santo de qué el funcionario se opone a lo que los propios bancos no se opondrían si no fuera por las presiones que reciben de su ente regulador. ¿Habrá desarrollado alguna especie de animadversión hacia Altagracia Paulino a quien, por cierto, el Senado acaba de darle un espaldarazo votando una resolución de apoyo a su gestión ante los ataques del sector bancario? Sean cuales sean las razones detrás de la actitud del Superintendente, sus efectos los estamos viendo: los bancos comerciales han vuelto al centro del candelero, y aunque han querido pasar a la ofensiva con un ríspido comunicado en el que acusan a la directora de Pro Consumidor de atentar contra la reputación y la estabilidad del sector, la verdad monda y lironda es que nada resulta mas lesivo a esa reputación, ciertamente muy frágil, que su negativa a cumplir con un requisito legal que solo busca transparentar las relaciones con sus clientes ¿O será que esos contratos de adhesión no resisten el examen de una institución comprometida con los derechos de los tarjetahabientes y demás usuarios de los servicios que ofrecen? Es la pregunta que se haría cualquiera, pues como bien dice la sabiduría popular quien nada tiene que esconder nada debe temer.