Al banquillo
El ingeniero Federico Antún Batlle, presidente del PRSC, cree que el presidente Fernández da un mal ejemplo a sus gobernados cuando se presta, en abierta violación a la ley, para patrocinar la usurpación de los símbolos del PRSC que se produjo en el acto celebrado en el Club Mauricio Báez, por lo que los abogados de la organización estudian la posibilidad de someter al mandatario ante los tribunales de la República.

 Va a ser muy difícil, sin embargo, que ese sometimiento prospere, y no porque se intentará sentar en el banquillo de los acusados a un Presidente de la República en el país más presidencialista de la bolita del mundo, sino por el hecho de que el mandatario era tan solo un invitado en ese encuentro, a menos que Quique Antún también esté convencido, como lo están Danilo Medina y sus seguidores, de que el gobierno financió ese acto político al igual que el celebrado recientemente por el Bloque Institucional Socialdemócrata de José Francisco Peña Guaba, y pueda demostrarlo en el tribunal.

Ejemplarizante

La sentencia de treinta años de cárcel que impuso el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo a dos hombres que encontró culpables de la muerte de una mujer a la que asesinaron a golpes para robarle el celular, en un hecho ocurrido en Los Alcarrizos en junio del pasado año, no debería pasar sin pena ni gloria, como una noticia mas que se pierde entre las abigarradas páginas de los diarios, pues hasta ahora constituye la demostración más clara y contundente de que esta sociedad está dispuesta a responder con toda la severidad de la ley a los que arrebatan algo tan valioso a cambio de una simple baratija. La condena de treinta años de cárcel a sus asesinos no le devolverá la vida a Elvira María Díaz, pero bien podría servir de advertencia y disuasivo para aquellos que sienten tan poco respeto por una vida humana.

Qué persuasivo

 El teniente general Bernardo Santana Páez, jefe de la Policía Nacional, es un hombre de indudables habilidades retóricas, lo que acaba de demostrar de manera convincente con el “bajadero” que le encontró a la Constitución de la República, ese simple pedazo de papel, para justificar la decisión del gobierno de impedir, manu militari, la marcha de un puñado de dirigentes reformistas hacia el Club Mauricio Báez, donde sus ex compatriotas agrupados en el Consejo Presidencial celebraban un acto proselitista en respaldo de la reelección del presidente Fernández. “La Constitución de la República dice que todo ciudadano tiene derecho a circular libremente y el gobierno está obligado a garantizar ese derecho, eso todos lo sabemos, pero en esa parte la Constitución tiene una coma y dice después que el ejercicio de ese derecho tiene que ser compatible con el del Presidente de la República”. Reunido con Víctor Gómez Casanova y otros dirigentes del PRSC en la oficina de Radhamés Gómez Pepín, director de El Nacional, quien sirvió de improvisado mediador, Santana Páez dijo tener informaciones de que se quería aprovechar la protesta para alterar el orden público, con lo que logró que los revoltosos compatriotas desistieran de seguir con la marcha y regresaran a sus casas. Nunca quedará claro, sin embargo, si lo que persuadió a los reformistas fue el argumento de la Constitución o el contingente policial, armado hasta los dientes, enviado a impedir que la marcha llegara hasta el Club Mauricio Báez.