Moraleja

  Dos hechos, recogidos simultáneamente por este diario en el día de ayer, vuelven a poner en evidencia lo perdidos que andamos frente al problema que representa la incontrolada migración haitiana, sobre todo a la hora de aplicar la ley, que se entiende el instrumento idóneo para bregar con un asunto tan delicado y en el que hay implicadas tantas cosas, algunas de ellas tan importantes como el sagrado concepto de soberanía nacional: el viacrucis vivido por una joven dominicana de origen haitiano, deportada hacia Haití a pesar de haber demostrado, con sus papeles en las manos, su derecho a vivir en suelo dominicano, y la sentencia de una jueza que ordenó que el niño de 13 años adoptado por el sacerdote belga Pedro Riquoy sea deportado hacia Haití por encontrarse ilegalmente en el país. ¿Por qué ignoraron los inspectores de Migración los documentos que les mostró esa muchacha? ¿Quién se hará cargo en Haití del niño, sin parientes conocidos de aquel lado de la frontera, que esa jueza envía a un destino incierto y desconocido? No basta una buena ley de Migración y un mejor reglamento, hace falta también el sentido común, la inteligencia y la sensibilidad de los responsables de su aplicación.

No tan rápido, general

  Hay que creerle al jefe de la Policía Nacional cuando dice estar al tanto de todas las «mañas» a las que se recurre dentro de la institución cuando se quiere hacer fracasar a su jefe, como ha ocurrido en otros tiempos no tan lejanos, por lo que descarta que los últimos hechos de violencia, que han llamado la atención por su espectacularidad y eficacia operativa, estén siendo perpetrados por «unidades especiales» de la propia policía para hacerle daño a su gestión. El mayor general Bernardo Santana Páez pierde de vista, empero, que la seguridad ciudadana, por ser un tema que preocupa a la población tal y como muestran las últimas encuestas, tiene un alto componente político, como pierde de vista también que el programa Barrio Seguro es un logro tangible, a pesar de sus limitaciones y mediatizaciones, que el gobierno puede válidamente exhibir como un éxito en sus esfuerzos por mejorar el clima de seguridad ciudadana. Si ese programa fracasa, o se tiene esa percepción debido a la ocurrencia de una serie de hechos de gran resonancia mediática, habrá naufragado un programa cuyos resultados la ciudadanía premiaría gustosa con sus votos.

Coincidencias

  Una colega periodista, dispuesta siempre a tender la mano a quien la necesita, cogió ayer una cuerda grandísima, molesta por las tantas diligencias que hay que hacer para conseguir que la Secretaría de Salud Pública le done una silla de ruedas a un septuagenario inválido, sobre todo por la exigencia de la Cámara de Cuentas de que la solicitud de donación se acompañe de una «foto de cuerpo entero» del supuesto beneficiario, se presume que para verificar (¿?) si ciertamente la necesita. Pasada la cuerda, y mirando las cosas con más calma, la colega llegó a la conclusión de que lo que realmente la molestó no fue la absurda petición de la Cámara de Cuentas, que a lo mejor solo trata de cumplir con su deber, sino enterarse de la existencia de ese requisito el mismo día que el país fue conmocionado por la sentencia que descargó a los implicados en la estafa millonaria contra el Estado a través del Plan Renove.