A Ignacio Ditrén, el director de la OMSA, se le ha visto muy dinámico desde que asumió la administración de una institución que conoce muy bien, y ese entusiasmo y experiencia, justo es decirlo, se han reflejado en una notoria revitalización del servicio, pero como funcionario responsable que es, que conoce el riesgo de excederse en su optimismo pintando una situación que no se corresponde con la realidad, ha querido curarse en salud negándose a endosar un compromiso que sabe no podrá cumplir de manera satisfactoria.

Por eso ha dicho clarito, para que se entere todo el mundo, que la OMSA tal y como está no puede hacer frente a la sobredemanda de pasajeros que se produciría con la restricción a la circulación de los vehículos privados de acuerdo a la terminación de sus placas, y que si se desea satisfacer a plenitud esa sobredemanda habría que adquirir nuevas unidades, lo que significa -por lo menos- duplicar el actual número de unidades. No faltará quien, dentro del gobierno, se moleste con las declaraciones de Ditrén, que darán nuevas municiones a los que se oponen a la restricción de la circulación como método para ahorrar combustibles, pero hay que agradecerle, mientras tanto, que haya tenido la decencia de comportarse como un servidor público veraz y responsable.

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La misma piedra

Parece que el mayor general Bernardo Santana Páez, jefe de la Policía Nacional, va a tropezar con la misma piedra que su antecesor, el general Manuel de Jesús Pérez Sánchez; los funcionarios que se niegan a desprenderse de sus numerosas escoltas, pese a que no las necesitan, para que esos agentes puedan salir a la calle a bregar con delincuentes y criminales, que es donde verdaderamente hacen falta.

Con esa espinita clavada muy hondo se marchó Pérez Sánchez de una jefatura en la que no faltaron los sobresaltos pero sí sobraron, en cambio, las incomprensiones, al extremo de que en su discurso se despedida se quejó amargamente de no haber podido enviar a las calles a todos los hombres disponibles, porque una gran cantidad de ellos estaban cuidando las espaldas de funcionarios que no requieren de tantos cuidados.

Todo indica, sin embargo, que Santana Páez insistirá en reclamarle a esos funcionarios que «devuelvan» los agentes que utilizan como escolta (algunos, según el jefe policial, tienen hasta 12 a su disposición y de sus familias), por lo que habrá que desearle la suerte o la capacidad de convencimiento que evidentemente le faltaron a su antecesor.

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Campaña de desarme

No ha descubierto el presidente Fernández la fórmula del agua tibia, dicho sea con todo respeto, cuando afirma que el exceso de armas en manos de la población contribuye al incremento de la delincuencia y la criminalidad en el país, pero a juzgar por la energía y determinación conque abordó el problema en su programa semanal de televisión, que en esta ocasión compartió con el secretario de Interior y Policía, el Procurador General de la República y el jefe de la Policía Nacional, parece haber llegado el momento de convertir esos gastados lugares comunes, producto de realidades sociales sobradamante diagnosticadas, en acciones concretas y contundentes, a fin de atajar un problema para el que todo el mundo conoce la solución pero que nadie, a fin de cuentas, aplica.

Espontánea o deliberadamente de esa comparecencia televisiva ha surgido, «cumpliendo instrucciones precisas del Presidente de la República», una política oficial de desarme de la población civil que arrancará, en una primera etapa, con las armas ilegales, y que incluirá también una campaña de concientización ciudadana a través de los medios de comunicación.

La noticia llenará de regocijo a gente que, como el padre Luis Rosario, se ha desgañitado proclamando que si se quiere contener la violencia hay que desarmar a tanto desaprensivo que anda por ahí sembrando muerte y destrucción de manera irresponsable, sin que ninguna autoridad, hasta el momento, se haya dignado a tomarse en serio su indoblegable vehemencia de cura acostumbrado a predicar en el desierto.