¿Sin pruebas ni  testigos?.- Si la droga y el dinero que se dice fueron el motivo de la Matanza de Paya, en la que murieron asesinados siete ciudadanos colombianos,  siguen sin aparecer, y el vocero de la Policía Nacional, el coronel Nelson Rosario, reconoce sin ambages que ignora el paradero de Orín Clinton Gómez Halford, quiere decir entonces que las autoridades todavía no están en  capacidad de presentar, en un juicio oral, público  y contradictorio, el cuerpo del delito ni el testimonio del único sobreviviente de la masacre, y por tanto el único testigo de cargo (¿se dice así?) que le permitirían al Ministerio Público probar la participación en ese hecho de seis miembros de la Marina de Guerra, todos oficiales, actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio, lo que tal vez explique la prolongada demora del  Procurador General de la República, el doctor Radhamés Jiménez, en presentar el   informe final de la investigación que prometió para principios  de enero pasado. Para cuadrar, han surgido dudas sobre las pruebas balísticas hechas al cañón del fusil conque se habría ejecutado la matanza, lo que impediría vincular a su propietario con el múltiple crimen, por lo menos de manera directa. La Policía se ha apresurado de inmediato a aclarar que el arma en  poder de las autoridades sí fue utilizada en los asesinatos,  pero las dudas persisten, sobre todo cuando se piensa que el hoy “desaparecido” testigo solo pudo ser acusado, a falta de pruebas, es decir de las drogas y el dinero que no aparecen por parte, de tráfico de personas. Y es que no hay que ser un experto en el vilipendiado Código Procesal Penal  para albergar serias dudas sobre las posibilidades del Ministerio Público de probar en un juicio, con todos los periquitos que exige ese instrumento jurídico, la responsabilidad penal de los imputados, lo que frustraría la posibilidad de castigar de manera ejemplar a quienes participaron en ese horrendo crimen. ¿Quién nos aclara esas dudas?