Qué se dice

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JCE en su laberinto
No obstante la aclaración hecha la pasada semana por el doctor Luis Arias, en su condición de presidente de la Junta Central Electoral, de que la expedición de las actas de nacimiento es gratuita en las Oficialías del Estado Civil, en estas se sigue cobrando por el documento, y como siempre de acuerdo a la «tarifa» dispuesta unilateralmente por el responsable de cada una de ellas. La situación, sin embargo, no provoca sorpresa alguna, mucho menos al doctor Arias, mas al tanto que nadie de la forma en que funcionan desde hace tiempo esas dependencias de la JCE. ¿Qué necesidad tenía el tribunal de elecciones de hacer el ridículo anunciando una disposición que no está en disposición de hacer cumplir ni siquiera porque así lo manda la ley? Absolutamente ninguna, como no tenía necesidad tampoco de poner en cuestionamiento su propia credibilidad al manejar con tanta torpeza las denuncias de irregularidades del doctor Luis Felipe Rodríguez, el hoy cancelado oficial civil de la Doceava Circunscripción, a pesar de que sus responsabilidades frente a la democracia dominicana la obligan a ser referente de transparencia y diafanidad en cada uno de sus actos y decisiones.

Dudas razonables

Si hay una inquietud que la opinión pública disimula poco, cada vez que se habla del curso que siguen las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre la mafia que utilizaba pasaportes oficiales, a nombre de falsos regidores y sus familiares, para traficar con personas a Europa, es la posibilidad de que al final de cuentas solo caigan en las redes de la Justicia los peces más pequeños. Sobre todo porque en la medida en que van surgiendo los detalles del caso, en el que ya hay más de treinta implicados, en esa misma medida se acrecienta la convicción de que un «negocio» de ese tamaño, que según los investigadores manejó en los últimos meses más de 40 millones de pesos, estaba dirigido por alguien de mayor relevancia y peso que un simple regidor, un síndico o un funcionario medio de la Liga Municipal Dominicana. El temor de que, también en este nuevo escándalo, solo caigan presos los «chiquitos», ni es nuevo ni espanta a nadie, mucho menos después de ciertas sentencias judiciales, pero aún así hay que concederle un margen de duda al Ministerio Público, en particular, y a la justicia dominicana, en sentido general, para que tengan la oportunidad de probarle al país que todavía es posible aplicar la ley a todos los ciudadanos por igual, sin exclusiones ni acotejos en nombre de una gobernabilidad definitivamente muy mal entendida.

Vla Pujols regidor

Los regidores están bastante desacreditados, es verdad, pero todavía no hemos llegado tan lejos como para que el citado personaje, a quien parece habérselo tragado la tierra últimamente, tenga la suficiente cara dura como para aspirar a tan digno cargo. De lo que se trata, en realidad, es de la versión, dada a conocer ayer por Diario Libre, de que las autoridades investigan la posibilidad de que el hombre al que se acusa del asesinato del periodista Juan Andújar, que en el ínterin se ha convertido en uno de los criminales más perseguidos por la Policía Nacional en los últimos años, podría haber sido uno de los beneficiarios de los pasaportes oficiales vendidos a falsos regidores y encontrarse en estos momentos, completamente a salvo, en algún país de Europa. Si la versión es cierta la leyenda en que se ha convertido el elusivo delincuente alcanzaría nuevas dimensiones, mientras la Policía, que ha hecho el papelazo del siglo en la fallida cacería de un hombre que, según muchos azuanos, nunca ha hecho esfuerzos por ocultarse de sus «perseguidores», se quitaría un enorme peso de encima, pero sobre todo una gran presión de una opinión pública que nunca ha creído en su incapacidad para dar con el paradero del escurridizo fugitivo. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. ¡Ahora uno de vaqueros!

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