Qué se dice

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Cada quien por su lado
El doctor Jose Joaquín Bidó Medina, quien preside la Comisión de Etica y Lucha contra la Corrupción, hizo ayer un ferviente llamado a la población para que se sume a la lucha contra la corrupción a fin de hacerla más efectiva, llamado que también quiso hacer extensivo a la prensa, que según dijo está destinada a cumplir un rol importante en esa lucha en la medida en que se mantenga activa en la vigilancia y denuncia de la corrupción y los corruptos.

Pero apenas horas después de esa exhortación tan sentida, hecha desde el mismo Palacio Nacional y con la solemnidad que imponían las circunstancias, el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, hacía sonar una campana muy distinta, al confesar sin el menor rubor que el gobierno, ante la disyuntiva de gobernar o perseguir la corrupción, que al momento de asumir el poder hace un año atrás se entendía una demanda inaplazable de la población, ha escogido la gobernabilidad, por lo que la lucha contra el flagelo tendrá que esperar a que se presenten «mejores condiciones». Resulta evidente, entonces, que una cosa piensa el burro y otra muy distinta quien lo está aparejando, lo que hace prever que tarde o temprano cada quien cogerá por su lado, separados irremisiblemente por la falta de unidad de propósitos, en este caso el combate abierto y frontal a la corrupción administrativa. Y sería una verdadera lástima, sobre todo tratándose de un hombre que, como el doctor Bidó Medina, se ha tomado tan en serio esta nueva responsabilidad pública.

Poco edificante

Aunque al hacer sus críticas sobre la forma en que funcionan las oficialías del estado civil, «bajo un manto de corrupción y desorden», el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, no hace más que llover sobre mojado, tal vez valga la pena detenerse a sopesar las razones por las que defiende el derecho del Ministerio Público a investigar las oficialías, y sin ni siquiera pedirle permiso a la Junta Central Electoral. Según Moscoso Segura tanto la emisión de actas de nacimiento como de actas de defunción constituyen decisiones que impactan directamente en la administración de justicia, por lo que la Fiscalía, en determinadas circunstancias y si así lo requieren las investigaciones que realiza, puede intervenir en ellas. Es solo una opinión mas, de las muchas que pueden surgir como parte del debate, incluidas las que no han de coincidir con la del Comisionado, pero hay algo en lo que sí tiene razón el funcionario, y es en su recomendación, tanto al fiscal del Distrito Nacional José Hernández Peguero como al presidente de la JCE, el doctor Luis Arias, para que se sienten a dirimir –a puertas cerradas– sus diferencias de criterio o interpretación de la ley, pues de la forma en que lo han venido haciendo no solo resulta, democráticamente hablando, muy poco edificante, sino que ha puesto también en evidencia un machismo político que deberíamos haber superado hace rato.

El poder de la prensa

Una de las grandes debilidades de nuestras instituciones, de las que más se echa en falta, es que con mas frecuencia de lo deseable no atienden lo que tienen que atender aunque se trate de algo de su estricta incumbencia, su responsabilidad fundamental, como se supone han de responder, de manera refleja y automática, los bomberos a las llamadas de auxilio, un ejemplo que, a partir de experiencias recientes, tampoco es muy confiable que digamos. Lo cierto es que, para suplir las deficiencias de nuestras instituciones (ayuntamientos que no recogen la basura, policías que se desentienden de los delincuentes, un servicio de correos que no despacha ni distribuye las cartas…) los afectados han optado por irse a quejar directamente a los periódicos, pues una vez los problemas que los aquejan son del dominio público, y por ende también de los funcionarios eventualmente responsables de resolverlos, son mucho más fáciles de solucionar. La cosa ha llegado tan lejos que ya no hay diferencia entre un enorme hoyo ubicado en la intersección de dos importantes avenidas de la capital, que solo fue reparado por Obras Públicas después de que un director de periódico lo «presentó en sociedad» en su popular columna, y un barco encallado en el mar Caribe, a tan solo 100 metros de la avenida George Washington, retirado por la Marina de Guerra tres días después del accidente y tras salir publicado -por supuesto- en todos los periódicos.

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