Sobre espionaje y abuso de poder.- Cuando uno lee, con gran despliegue de titulares, que las autoridades iniciaron  la persecución  de un grupo de personas a las que acusa de “hackear”, con fines de espionaje, los correos electrónicos de la Primera Dama Margarita Cedeño de Fernández, no tiene más remedio que reirse. Y tiene que hacerlo, porque en este país de maravillas sin cuento el espionaje telefónico hace tiempo que es un floreciente negocio a pesar de que se trata de una actividad ilegal,  del que se sirve tanto el gobierno de turno como los empresarios o cualquier  interesado, con una peculiaridad digna de ser resaltada: todo el mundo conoce, empezando por las autoridades, los nombres y apellidos de esos “empresarios”, pues son habitués de nuestros restaurantes más exclusivos,   veranean donde lo hacen los ricos y famosos de este país y hasta tienen el tupé de ir a la radio a alardear de su dominio de los secretos ajenos. Pero si de algo ha servido todo este alboroto (ayer las autoridades allanaron, con una aparatosidad militar fuera de momento y  lugar,    la oficina y la residencia del periodista  Guillermo Gómez) alrededor del supuesto espionaje del que habría sido  víctima la Primera Dama, que se dice ha movilizado a la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI)  y a la Procuraduría General de la República, ha sido para confirmar que si las autoridades no han actuado  contra el espionaje telefónico y sus conocidos  perpetradores es porque  no les ha dado la gana. A menos que, como  se sospecha ocurre en este caso, necesiten  una buena coartada  para silenciar la divulgación  de algunas incómodas verdades.