Qué se dice

Qué se dice

La mujer del César
La Junta Central Electoral, cuyo pleno se reúne hoy, debe andar con mucho tiento con todas y cada una de las decisiones que tome a propósito de las denuncias sobre la forma en que funcionan las oficialías del estado civil, pues los ojos del país están muy atentos a lo que está sucediendo, sobre todo a la manera en que el tribunal de comicios, responsable también de las oficialías, maneja un asunto de tanta gravedad.

Por eso es pertinente señalar que se escogió el peor momento para enviar inspectores a fiscalizar las operaciones de la oficialía del registro civil de la décimo segunda circunscripción del Distrito Nacional, pues no hay manera de interpretar esa decisión que no sea como una represalia por las reiteradas denuncias del responsable de la misma, el doctor Luis Felipe Rodríguez, poniendo al desnudo lo que parece ser un negocio millonario con muchos socios y demasiados cómplices y beneficiarios. De la JCE, al igual que de la mujer del César, se espera no solo que sea honesta sino que se empeñe también en aparentarlo, por lo que sus jueces están obligados a rodear de la mayor transparencia posible las decisiones de una institución fundamental para hacer creíble la democracia dominicana.

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Oportuna aclaración

Ha hecho bien el embajador de Cuba en el país, Omar Córdoba Rivas, en desmentir que su gobierno esté negociando un acuerdo de colaboración con República Dominicana para mejorar la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional, como se venía sazonando en algunos mentideros, bastante encandilados con una idea a todas luces revolucionaria. Viejos lazos nos unen, ciertamente, con el hermano pueblo cubano, por lo que no hace falta decir que se agradecen infinitamente sus aportes y su colaboración en materia deportiva, cultural, de salud y en un montón de cosas más que los cubanos hacen muy bien y que por aquí todavía están en pañales.

Pero nos guste o no Cuba sigue siendo una dictadura, y todo el mundo sabe cuál es el papel de la policía en las dictaduras, sobre todo los países que, como República Dominicana, las han padecido en carne propia. Un popular refrán criollo, que los cubanos -con quienes compartimos raíces comunes- a lo mejor conocen, lo explica mejor y sin dar tantas vueltas: juntos, pero no reburujados.

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Costo político

La empresa promotora del ambicioso proyecto a levantarse en Sans Soucí y sus alrededores, que incluye la construción de una gran marina deportiva y un club náutico, entre otras obras que transformarán de manera radical todo el entorno, quieren que el ayuntamiento del Distrito Nacional desaloje los negocios situados en la franja costera que va desde el Monumento a Fray Antón de Montesinos hasta la plaza Juan Barón. Los promotores del proyecto, con el empresario Alejandro Macarrulla a la cabeza, definen como ilegales a la mayoría de los negocios instalados en esa zona, pero en su petición de desalojo hacen una salvedad; que esos desalojos no representen un costo político.

Estamos hablando del mismo «costo político», aunque el empresario no lo diga, que durante décadas hizo posible la arrabalización, por parte de buhoneros y otros vendedores ambulantes, de la avenida Duarte, y el mismo también que ha impedido que los capitaleños disfruten el área verde del kilómetro 9 de la carretera del mismo nombre por haber sido convertida, impunemente, en parada de guaguas. Hubo un tiempo, incluso, que se habló -medio en serio medio en broma- del «costo político» de sacar a las prostitutas (ahora las llaman, dizque para dignificarlas, trabajadoras sexuales) de la Bolita del Mundo, talvez porque en aquel momento la vida política dominicana se parecía demasiado a un burdel mal administrado. En fin, que si el emprendedor Alejandro Macarrulla va a condicionar la rehabilitación de ese tramo del litoral sur de Santo Domingo, a fin de adecuarlo al perfil de su proyecto, a ese tipo de «costo político», está -para que lo entienda todo el mundo- bastante feo para la foto.

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