Incredulidad

   La incredulidad de la población producto de la pérdida de confianza en las autoridades y su capacidad de hacer respetar las leyes es tal que la primera reacción de mucha gente al anuncio de la reposición de los cables eléctricos robados al puente Juan Bosch ha sido preguntar cuánto durarán ahí antes de que los ladrones vuelven a cargar con ellos. Esos temores, sin embargo, parecen infundados, pues en esta oportunidad las autoridades no solo garantizan que habrá una vigilancia permanente las 24 horas del día sino que se utilizarán cables de aluminio, de menos valor en el mercado y por tanto menos atractivos para los amigos de lo ajeno, según las explicaciones del coronel Delis del Pilar Herasme del Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF). Ese mismo tipo de cable, según el oficial, será utilizado para restablecer el alumbrado de la autopista Las Américas, que los ladrones han dejado completamente a oscuras, donde también se reforzará la vigilancia policial. ¡Enhorabuena!

Incumplidores

   No es, de ninguna manera, un consuelo, pero al menos sirve para confirmar  una vez mas  la inutilidad de votar leyes especializando recursos para áreas que se entiende necesitadas de particular atención. La licenciada Kirsys Fernández, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), reveló durante su comparecencia esta semana al almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el gobierno incumple la ley 136-03 del Código del Menor que establece que el gobierno debe entregarle al CONANI el 2% del Presupuesto Nacional, pero los ayuntamientos del país, que deberían dedicar un 5% de sus gastos a programas en favor de la niñez, tampoco cumplen con esa disposición.

 A nadie sorprende ni extraña que el Poder Ejecutivo no cumpla con la ley que le obliga a destinar un 10% de los ingresos fiscales consignados en el Presupuesto Nacional a los cabildos, como tampoco lo hace con la ley de Educación ni la que destina recursos para fortalecer la independencia del Poder Judicial, pero a los ayuntamientos, actualmente embarcados en una cruzada para obligar al gobierno a cumplir con la ley 166-03, no les queda bien deshonrar ese mandato de la ley.

Que se esclarezca

  La trágica muerte del periodista Víctor Gulías, encargado de relaciones públicas de la Liga Municipal Dominicana, no solo nos obliga a recordar  de manera dolorosa  la fragilidad de la vida humana, sino también a preguntarnos cómo, cuándo y porqué nos volvimos tan violentos. Es de esperarse que la Policía Nacional pueda dar, en el más breve plazo, con los responsables de la muerte de quien fuera, por años, un amigo y colaborador de este diario, aunque eso no sea suficiente para resarcir a esta sociedad por la pérdida de una vida tan valiosa.