AMET en la picota.-  Fuera de discusión está que las leyes de tránsito están para ser  cumplidas, como ocurre en todas partes del mundo, y que los  agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) son los llamados a velar por ese cumplimiento sin excepciones ni privilegios, pues se supone que ante la ley somos iguales todos.

Pero las cosas no son tan sencillas ni tan fáciles en el país de los chivos sin ley, donde saltarse la luz verde de un semáforo  es una especie de deporte nacional que se practica con  desparpajo. La decisión de la actual jefatura de Amet de obligar a los motoristas a utilizar el casco protector, tener sus papeles al día o las luces en buen estado ha provocado una auténtica rebelión, en la que  no han faltado las batallas campales a puñetazos, tiros y pedradas entre  insurrectos motoristas  y agentes de Amet, demasiado  proclives –hay que decirlo– a recurrir a la violencia, a veces brutal y desproporcionada, para hacer su trabajo.

Así las cosas, un intento válido y por demás necesario como lo es poner orden en el caos del tránsito urbano va  camino a perder legitimidad, situación  que se agrava con la resolución de la Cámara de Diputados  condenando “los excesos y las innecesarias agresiones” de Amet a los motoristas. Esa resolución  puede perfectamente interpretarse como un serio revés a los esfuerzos que se realizan desde  la autoridad para  obligar a los motoristas a respetar la ley de tránsito, como se exige al resto de sus conciudadanos, pero también como una victoria de los abanderados del  padrefamilismo al que son tan receptivos nuestros políticos, siempre prestos a poner en práctica su  vocación para la demagogia barata y, en este caso, definitivamente inoportuna.  Y eso, más temprano que tarde,  va a terminar pesándonos. Y mucho.