Mocanerías.-  El  doctor Bautista Rojas Gómez ha sido muy duro con las autoridades edilicias de Moca el  calificar la decisión de legalizar, disfrazados de farmacias municipales, los puestos de venta de muestras médicas  cerrados recientemente  por Salud Pública, pero independientemente de que el funcionario tiene   toda la razón del mundo, pierde de vista algunas cosas que quizás expliquen la “vergonzosa” resolución aprobada a unanimidad por los regidores mocanos.

En primer lugar, el problema social que representa el cierre definitivo de todos esos negocios, lo que agudiza el serio  problema de desempleo que golpea a  la provincia, y en segundo lugar el costo político –las elecciones congresionales y municipales  están a la vuelta de la esquina– con el que habrán de cargar sus autoridades (del oficialista PLD) a consecuencia de  la erradicación de un negocio   que por llevar tantos años operando  ha echado raíces  en una  comunidad que  no  parece estar convencida, como evidentemente tampoco lo están  sus autoridades, de que promueven y participan en  una actividad ilegal que además atenta contra la salud y la vida de las personas.

La política, compay.-  Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado, atribuye intención política a los recursos judiciales incoados contra la reforma a la Constitución a través de una Asamblea Revisora, promovidas por “sectores interesados en torpedear, deslucir y desprestigiar este proceso”.  Lo curioso es que Pered Pérez, un político rejugado, hace esa afirmación con el propósito  de descalificar a los promotores de esas iniciativas como si se tratara de algo ilegítimo o pecaminoso, olvidando que la reforma constitucional enviada al Congreso Nacional  por el Poder Ejecutivo es un acto esencialmente político, mucho mas si, como señalan  algunos de sus críticos, ha sido diseñada a la medida de un proyecto político personal llamado Leonel Fernández Reyna.