La pagamos, pero no la merecemos.- No es frecuente, ni siquiera en un país donde hace tiempo la Policía goza de una merecida fama de gatillo alegre, que una gobernadora provincial solicite de manera formal el traslado de la dotación policial completa de su provincia, como ha sido el caso de Luz Selena Plata, quien ante las indignadas quejas de la comunidad por los asesinatos a mansalva de varios jóvenes en las calles de San Francisco de Macorís a manos de agentes policiales, no ha tenido más remedio que apelar al mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín para que saque de allí al general Ramón Núñez, comandante regional, y por supuesto también a sus matones, por considerarlos responsables del estado de temor e intranquilidad en que vive la población.
El doctor Franklyn Almeyda, secretario de Interior y Policía, dio hace poco el grito de alarma, escandalizado por la gran cantidad de ciudadanos, etiquetados como supuestos delincuentes, que han muerto en los conocidos intercambios de disparos, exhortando a las actuales autoridades policiales a detener la matazón. Ahora viene y se produce la petición de la gobernadora de la provincia Duarte, probablemente sin precedente en nuestra sobresaltada historia democrática, dándole no solo la razón al secretario de Interior y Policía si no poniendo al desnudo también las dramáticas consecuencias de llevar esas ejecuciones a los extremos. Bien se sabe, como nos recordó recientemente Guzmán Fermín, que tenemos la Policía por la que pagamos, pero eso no quiere decir que debemos resignarnos a convivir con una institución que se ha quedado rezagada y que no responde a las exigencias de la democracia que nos afanamos en construir día a día.
La pregunta impertinente.- ¿A qué le teme el gobierno que ni las Fuerzas Armadas ni el vocero presidencial se han atrevido a decir, abierta y claramente, que el oficial del Ejército Nacional que de vez en cuando pilotaba el helicóptero del presidente Fernández fue separado de esa institución por sus alegados vínculos con el narcotráfico?