Aquellos polvos
Doña Milagros Ortiz Bosch, ex Vicepresidenta de la República y ex Secretaria de Educación, está convencida de que la violencia que ha impuesto su desagradable presencia en el proceso de selección de los candidatos a las elecciones congresionales y municipales del próximo año, con un saldo, hasta ahora, de tres muertos y varios heridos de bala, tiene su origen en la falta de sanción a los responsables de los luctuosos sucesos acaecidos en Los Alcarrizos hace cerca de un mes, en los que murió a perdigonazos un militante perredeísta, pero lo cierto es que tampoco la Policía Nacional ha dicho nada a pesar de ser su responsabilidad primaria realizar esas indagatorias.

Ayer mismo, a propósito de la muerte de otros dos militantes perredeístas el sábado pasado en El Cercado, Orlando Jorge Mera exigió a la Policía aplicar «todo el peso de la ley» contra los responsables de la muerte de Alfredo Encarnación y David Luna. Ojalá que, ante ese vehemente reclamo de los dolientes políticos, la institución del orden saque esos muertos de la lista de los caídos en campaña electoral y proceda a cumplir con su deber.

Otra vez las oficialías

Tal y como viene ocurriendo desde que estallaron los escándalos en torno a la forma como operan las Oficialías del Estado Civil, las aclaraciones de la Junta Central Electoral sobre las irregularidades que en ellas se denuncian aclaran muy poco o simplemente se salen por la tangente. Un reportaje publicado por este diario el sábado pasado recogía una serie de denuncias originadas en la oficialía de Villa Mella, entre ellas el cobro de hasta 800 pesos por un acta de declaración tardía de nacimiento, así como el cobro de otros documentos que deberían ser emitidos en forma gratuita o, en todo caso, a precios más asequibles a la población. Pero el tribunal de comicios, en una escueta nota de su departamento de relaciones públicas como «reacción» a esas denuncias, se limita a recordar que las actas de nacimiento para fines escolares son gratuitas, al tiempo que precisó -como quien no quiere la cosa- que con los extractos de actas de nacimiento o las que se utilizan con otros fines no ocurre lo mismo, aunque no especificó cuánto debe pagar el contribuyente por esos documentos. ¿Y saben por qué? Porque es potestad del oficial del estado civil decidir la «tarifa» que se cobra en «su» oficialía, como pudieron comprobar reporteros de este diario en un recorrido reciente, y como podrían comprobar también -si así lo quisieran- los propios jueces de la JCE.

Soluciones radicales

No es por nada, pero alguien tiene que advertir de la peligrosidad que encierra la idea de pretender que sea una reforma constitucional, en este caso para eliminar de nuestra Carta Magna el «jus solis» como determinante de la nacionalidad dominicana, la que resuelva de golpe y porrazo el problema de la migración haitiana, desatendido olímpicamente por todos nuestros gobiernos desde la democracia para acá. Y es que, independientemente de las justificadas objeciones que puedan hacerse a esa propuesta, que monseñor Agripino Núñez Collado -por ejemplo- entiende impertinente en una fecha tan próxima a unas elecciones, lo cierto es que ya es demasiado tarde para soluciones radicales o terapias de choque. Nadie discute la urgencia de sentarse a dirimir con seriedad, realismo y sentido común qué vamos a hacer con la migración haitiana en el corto, mediano y largo plazo, pero buscar un atajo a través del Congreso Nacional implica un riesgo que bien vale la pena sopesar: una encerrona constitucional de la que nadie sabría sus alcances ni consecuencias. A otro perro con ese hueso.