Ciego, sordo y mudo- Ya es una arraigada costumbre, hija bastarda de nuestra tradición autoritaria, que el Ministerio Público se muestre indiferente ante los excesos de la Policía Nacional contra  los  ciudadanos, desde la redadas ilegales que mantienen en zozobra a los jóvenes de los “barrios calientes” hasta las frecuentes ejecuciones  extrajudiciales disfrazadas de intercambios de disparos, legitimando con su inacción e indiferencia una práctica criminal –porque de eso se trata–  que atenta contra los fundamentos  del Estado de Derecho en el que se supone vivimos.  Y aunque no hay esperanza ni señales de que esa situación  vaya a cambiar por ahora, siempre es oportuno recordar que en algún momento tendrá el Ministerio Público que empantalonarse (con perdón de la machista expresión) y perderle el miedo al uniforme. Pero en lo que llega ese  momento detengámonos en el caso de doña  Ramona Hernández, una sencilla mujer del pueblo que ha perdido nada menos que cuatro hijos a manos de la llamada institución del orden  (tres de ellos asesinados hace más de una década, cuando se encontraban trabajando en una gasolinera asaltada por varios agentes policiales), el más reciente hace poco más de un año cuando salió de su casa a comprar una hamburguesa a la esquina y nunca regresó,  pues un policía que no quiso escuchar explicaciones  lo confundió con un “reconocido delincuente” y le dio p´bajo.  La terrible experiencia por la que ha pasado esta mujer, que ahora consume sus días y sus energías dando viajes a los tribunales  tratando de que se haga justicia con el matador de su hijo, es un ejemplo particularmente doloroso del daño que son capaces de provocar los excesos policiales, sobre todo cuando no reciben ningún tipo de sanción. Dicen que lo mucho hasta Dios lo ve,  pero todavía estamos  esperando  que esos excesos los vea un  Ministerio Público que además de  ciego  también es sordo y mudo.