Ciudadanos de ninguna parte. Como no tienen acta de nacimiento, tampoco tienen cédula. Y como no tienen cédula de identidad y electoral están impedidos de estudiar, de casarse, de viajar al exterior, de conseguir un buen empleo en el sector formal y hasta de declarar a sus propios hijos, que al igual que ellos también nacieron en la República Dominicana.

Son los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes desde hace cinco años están  condenados a vivir, por culpa de la infame resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, en un limbo en el que no tienen derecho a tener una cuenta bancaria, un buen seguro de salud, cotizar para el fondo de pensiones, y mucho menos  votar por  sus candidatos favoritos en unas elecciones.

Ciudadanos de ninguna parte, extranjeros  en el país en el que nacieron, crecieron y construyeron sus relaciones sociales, familiares,   afectivas y laborales (muchos de ellos no han viajado nunca a Haití ni conocen a nadie de aquel lado de la frontera), están pasando un auténtico vía crucis, como lo describieron los descendientes de haitianos que el pasado martes protestaron (algunos cargando sobre sus hombros simbólicas cruces de madera) frente a las instalaciones del tribunal de elecciones en reclamo de que se les entreguen los documentos que avalan su nacionalidad dominicana.

 ¿Hay alguien que quisiera estar en su lugar? ¿Pasar por lo que están pasando? ¿Sentir lo que están sintiendo? La pasada semana, en un encuentro sobre derechos migratorios en el que participaron, varios diputados  se comprometieron  a citar al hemiciclo a un representante de la  JCE para que explique porqué el organismo se  niega a dotar de documentos a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Ojalá que el compromiso de los legisladores no caiga en el olvido, pues el Estado   no puede  seguir  indiferente al vía crucis de miles de ciudadanos de ninguna parte a los que se impide ejercer su legítimo  derecho a tener una identidad.