Tapaboca.-  Era previsible que unas declaraciones tan fuera de tono  como las ofrecidas por el Encargado  de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona, surtieran algún efecto  en sus superiores jerárquicos, pues han  puesto al desnudo la torpeza  con que los organismos de inteligencia del Estado han manejado el caso de la incautada torre Atiemar  y su constructor, el español Arturo del Tiempo Marques,  pero también ha puesto de manifiesto  la ausencia de voluntad política para hacer cumplir la Ley de Lavado de Activos, el arma más importante conque cuenta el país en la desigual guerra que libra contra la sigilosa  y masiva invasión de capitales producto del narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos. ¿Qué es lo que ha molestado realmente de las declaraciones de Miranda Villalona? ¿Que se atreviera a criticar  frente a los medios de comunicación la  forma  en que el Ministerio Público conduce   las pesquisas? ¿Que dijera que, ante la magnitud del escándalo, ya  debería haber muchísima  gente presa? ¿O que sugiriera  a los investigadores verificar si Banreservas observó lo  que prescribe  la Ley de Lavado de Activos  para conceder el financiamiento a la construcción de Atiemar? Y en todo caso, ¿en qué obstaculizan esas declaraciones la labor de investigación que se realiza en la Madre Patria? El tapacoba del Procurador Radhamés Jiménez a los  procuradores adjuntos y fiscales, a los que prohibió referirse  al tema dizque para evitar entopecer las investigaciones judiciales  que se realizan en España en torno al alijo de 1,200 kilos de cocaína por el que está preso Del Tiempo Marques, lejos de ser un remedio a la “imprudencia” de un subalterno  contribuye mas bien a fortalecer aún  mas la percepción pública de que el gobierno está metido hasta el cuello en este nuevo escándalo de narcotráfico, corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias, estafa, asociación de malhechores  y sabrá Dios cuántos  delitos mas.