Impunidad.- Es mucho lo que hay que decir sobre la impunidad en este país, de cómo se ha convertido en el principal estímulo al saqueo de los bienes públicos por parte de nuestra insaciable clase política, pero siempre nos quedaríamos cortos, y no precisamente por falta de espacio.

Desde luego, la impunidad no la inventaron los políticos, que simplemente se han servido de ella, puliéndola, perfeccionándola,   creando mecanismos institucionales –valga la paradoja– o enmascarados de legalidad para mantenerla vigente y al servicio de sus intereses.

Pero como la impunidad es  bestia que nunca se sacia, que siempre quiere mas, no le basta con garantizar que la justicia no sancione a sus protegidos, o que los contaminados organismos de control no cumplan con su rol institucional de velar por el buen uso de los dineros públicos; también quiere acallar las eventuales críticas o denuncias que puedan alborotar la opinión pública, amparándose en el silencio cómplice y apañador. 

Por eso  ya no es raro tropezarse con los nombres de periodistas ligados a escándalos de corrupción o, por lo menos, de reparto  irregular de los bienes que son de todos, como ocurrió –para citar tan solo un par de ejemplos– con las cabañas del vacacional de Jarabacoa y, más recientemente, con los apartamentos  de lujo construidos por el Invi  en la avenida Luperón, bautizados cínicamente por los peledeístas como Villa Progreso.

Se trata, por supuesto, de otra perversidad mas de nuestra clase política, que todo lo que toca lo corrompe, pero hay que reconocer que ha encontrado terreno fértil donde plantar su maligna semilla. Se supone que nuestra responsabilidad como periodistas es mantener los ojos bien abiertos para denunciar la corrupción en todas sus formas y manifestaciones, pero nos  hemos convertido en parte del problema. Y con eso, duele decirlo, le  estamos haciendo un daño inmenso a este país, a su democracia,  y a su institucionalidad.