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El proyecto de la discordia.- Es probable que Radhamés Jiménez, Procurador General de la República, esté llevando demasiado lejos su aspiración, plausible por demás, de dotar al país de un nuevo modelo penitenciario mucho mas respetuoso de la dignidad de los internos, un juicio con el que estará de acuerdo Mabel Feliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas, quien está que echa chispas con el funcionario desde que se enteró que este sometió a la consideración del Congreso un proyecto de ley de modificación de la ley sobre Lavado de Activos a fin de que se entregue el 25% de los bienes incautados al Ministerio Público en desmedro de lo que reciben el Consejo y otros organismos e instituciones.
La funcionaria, quien considera al doctor Jiménez un hermano, se queja de que este se fue calladito y sin consultar a nadie a donde los senadores a presentarles su proyecto de ley en momentos en que se realiza un inventario de esos bienes para, a partir de ahí, consensuar con todos los organismos de persecución y prevención del consumo de drogas de cara a una modificación de la ley actual que la adecúe a nuestras realidades y necesidades.
Reiteradamente criticado por su decisión unipersonal y medalaganaria de utilizar los bienes incautados para financiar el nuevo modelo penitenciario, el Procurador parece decidido a dar visos de legalidad al despojo, pero no será tan fácil. Mabel Feliz está dispuesta a echar al pleito, y lo mas importante de todo: no está sola, pues además de instituciones bien acreditadas como Hogares Crea y Casa Abierta, que opinan que los cambios que propone el Procurador debilitarán el trabajo que realizan, también el presidente de la DNCD, el mayor general Rolando Rosado, ha expresado su oposición a ese proyecto de ley, pues entiende que afectará sensiblemente la capacidad de respuesta del organismo, de por sí limitada, al todopoderoso y omnipresente narcotráfico, que a decir verdad no necesita que le facilitemos las cosas.
