Gadejo.- Usted va a pensar, tal vez con razón, que son ganas de joder de un servidor, pero tiene que creerme cuando le digo que me parece justa   y atendible la solicitud de la presidenta del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), que agrupa a cerca de 7,500 mujeres de las  aproximadamente 50 mil que ejercen la prostitución en la República Dominicana, de que se les incluya en los planes sociales que ejecuta el gobierno. Marina Torres afirma que la mayoría de esas mujeres reside en sectores marginados de la Capital, la provincia Santo Domingo y San Cristóbal, y provienen de hogares de padres divorciados, de matrimonios disfuncionales, además de que  han sido víctimas de violaciones sexuales en la niñez, de ambientes de extrema marginalidad y otros graves problemas sociales. Por eso se muestra convencida de que el gobierno está en la obligación de ir en su auxilio facilitándoles el acceso a microcréditos, a programas de capacitación y formación técnica y cursos en el área laboral que les permita escapar de la pobreza y el denigrante oficio con el que se ganan el sustento. Ahí tiene la vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, la  oportunidad de ayudar a muchas mujeres que solo necesitan que se les ofrezca otra opción de vida, que además –necesario es señalarlo–  tienen todo el derecho del mundo a ser beneficiarias de los programas sociales que promueve el gobierno sin que se les objete su  filiación política o su  oficio. Sin dejar de decir tampoco, porque no hace falta que nos engañemos, que si la responsable de las políticas sociales del gobierno alberga dudas (o le teme a las críticas de los mojigatos) sobre la conveniencia de incluir a las trabajadoras sexuales en  los programas que patrocina solo tiene que recordar que, más allá de prejuicios y mojigaterías,  sus votos valen lo mismo que los de los tantos honorables ciudadanos (por lo menos de la boca para fuera) que tiene  este país inverosímil, como decía el poeta.