Un proyecto polémico-.  Dudo mucho que algún ciudadano   se  oponga a que en República Dominicana   exista –como en algunos países a los que nos gusta tanto imitar– una ley que prohíba la publicidad engañosa, aquella que miente o recurre a subterfugios y medias verdades para promover sus productos, como no se opone a que metan en la cárcel a los ladrones, se sancione al que se encuere  en la calle o cruce  la luz roja de un semáforo.

Todo esto a propósito del proyecto de ley que prohíbe la publicidad engañosa, ilícita, desleal, subliminal y discriminatoria en el país , de la autoría del senador peledeísta por La Vega Euclides Sánchez,  que se encuentra bajo estudio de la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara Alta, que recaba las opiniones de los sectores que serían afectados de aprobarse  la pieza para luego rendir un informe al hemiciclo. Es un proyecto polémico, que sacará a flote muchos intereses, sobre todo en un país donde  la ausencia de controles y regulaciones a ciertas actividades industriales y comerciales han permitido el amasamiento de grandes fortunas, y siempre a costa  del indefenso  consumidor dominicano, que tiene tan mala suerte que cuando aparece  un organismo creado por ley para   defender y proteger sus intereses, cual es  el caso de Pro Consumidor,  aparece quien se preste desde el propio gobierno para mediatizar los alcances de su  trabajo y cortarle las alas.

Es precisamente  esa histórica indefensión lo que están obligados a considerar, en primera instancia, los señores legisladores cuando les toque conocer y decidir sobre la aprobación de esa iniciativa, si es que en verdad   actúan en representación y defensa de los intereses (los que verdaderamente cuentan cuando se vive en democracia)  de las grandes mayorías.