Alguno de nuestros teóricos dirá que todo empezó con el Situado, cuando los habitantes de La Hispaniola debieron resignarse a vivir de las migajas que de vez en vez llegaban desde la Madre Patria, en ese entonces más interesada en el fulgor del oro y la plata que en el destino de sus insulares hijos. Teorías y especulaciones históricas aparte, sin embargo, será difícil establecer cuándo, cómo y por qué terminamos convertidos en el país más clientelista, políticamente hablando, de toda Latinoamérica, tal y como lo consigna un informe de las Naciones Unidas sobre el desempeño de la democracia en la región. Eso quiere decir, simple y sencillamente, que los dominicanos recibimos más favores y ayudas del gobierno que los ciudadanos de cualquier otro país del sufrido continente latinoamericano. Felicitamos a los agraciados.

Rechazo anunciado

Debería quedar claro, tras fracasar, por segunda ocasión consecutiva, la realización de la sesión de vistas públicas que discutiría el proyecto de ley que obliga a los partidos políticos a realizar, bajo la tutela de la Junta Central Electoral, elecciones primarias, que la iniciativa no cuenta con el respaldo de los que se supone serán sus beneficiarios, que ni siquiera se tomaron la molestia de enviar sus representantes a participar en las discusiones. El senador Sucre Muñoz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, prometió que la próxima semana ofrecerá un informe definitivo sobre el proyecto, que ha recibido fuertes críticas de sectores que lo entienden una injerencia grosera en la vida interna de las organizaciones políticas, aunque no hace falta esperar tanto tiempo para saber cuál será el destino del invento parido por la fértil imaginación del doctor Tirso Mejía Ricart y la gente de CONARE.

Incongruencias municipales

Tranquiliza saber que los negocios de comida, diversión y bebidas que sobrevivieron a la «operación limpieza» que ejecutó la sindicatura del Distrito Nacional en el arrabalizado litoral del Malecón paguen religiosamente, como debe ser, sus impuestos, y que cuenten con el permiso correspondiente. El problema, sin embargo, no radica en que esos negocios paguen o dejen de pagar sus arbitrios, sino en que a muchos de ellos se les autorizó a operar en una zona donde la ley lo prohíbe de manera muy clara, y encima se les cobra impuestos. Eso no es culpa, desde luego, de las actuales autoridades edilicias, pues se trata de un problema que viene de lejos, pero algo habrá que hacer para evitar que el cabildo capitaleño siga violando la misma ley que está obligado a defender.