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Cuenta regresiva.- Después de enterarnos de todo lo que nos hemos enterado gracias al interrogatorio  al que fueron sometidos,  por parte de una subcomisión  de la Cámara de Diputados, los  miembros de la Cámara de Cuentas, desde la cuenta de 8 millones de pesos que se dice maneja, con absoluta discrecionalidad y a a espaldas de sus compañeros, su presidente, hasta el préstamo de 10 millones de pesos con el que pretenden garantizarse un “retiro digno” cuando abandonen sus cargos, cualquiera diría que esos señores tienen los días contados, pues a partir de ahora se inicia la cuenta regresiva que habrá de concluir con su destitución. Siempre y cuando, por supuesto, lo que acaban de hacer los diputados, que deberán rendir un informe sobre sus indagatorias al Senado, que será el que diga la última palabra, no sea  parte de un show  destinado a defraudar, una vez más, la esperanza que todavía albergamos muchos dominicanos  de que algún día se ponga fin al impune saqueo de los recursos públicos.

 Redadas ayer y hoy.- Durante años han sido el método favorito de la Policía  para mantener a raya la delincuencia en los barrios, pero es evidente que también han servido para apuntalar las políticas represivas de los gobiernos frente a los sectores populares, los más propensos, por razones obvias, a la protesta social. Hablamos de las  redadas,  masivas e indiscriminadas, con las que se pretende garantizar el orden público en los barrios y “zonas calientes”, las mismas que han sido criticadas, de manera sistemática, por organizaciones defensoras de  los derechos humanos tanto aquí como en el exterior. Este gobierno, al que le encantan los nombres sonoros y rimbombantes,  las  llama ahora Operaciones Policiales Focalizadas, y  gracias a ellas  250 personas fueron detenidas en  Santiago, en apenas 72 horas, el pasado fin de semana.  ¿Es esa la respuesta  al auge de la delincuencia? Esperemos que no, pues solo basta mirar hacia las experiencias recientes para saber que las redadas son buenas  para meter miedo, generar malestar o crear condiciones  para la corrupción policial, pero de ninguna manera pueden ser el remedio para una enfermedad que debe ser combatida, si se desea un eficaz  tratamiento, en sus causas y orígenes.