Lo han repetido tanto, que ya parece cantaleta: si no se procede judicialmente contra los responsables de los fraudes bancarios, nos convertiremos en unos parias, excluídos de los múltiples programas de asistencia -desde la lucha contra el sida hasta financiamientos a las pequeñas empresas- que la comunidad internacional destina para sus miembros más necesitados. Esa insistencia en lo mismo, que ha vuelto a machacar la directora del IAD en República Dominicana, Elena L. Brineman, durante el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio, deja en el aire la sensación de que esa gente o piensa que estamos sordos o no creen que nuestros políticos estén dispuestos a encarar un reto que no solo pondrá a prueba su capacidad de sintonizar con las exigencias del tiempo en que les va a tocar gobernar, sino también la fortaleza e independencia de nuestro ordenamiento jurídico.

Solo para reformistas

La renuncia de Rafael Bello Andino a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano, argumentando «compromisos familiares insoslayables», cierra un agitado capítulo en la historia de la organización. Señalado por sus más enconados adversarios como el principal escollo para sacar al PRSC del estado comatoso, de pronóstico reservado, en que se encuentra, el ex secretario personal del doctor Joaquín Balaguer ha terminado por abandonar la silla de alfileres en que lo sentó su inescrutable mentor, asediado por los que le culpan por la humillante derrota sufrida en las urnas. Bello Andino, lo sabe todo el mundo, nunca estuvo listo para calzarse unas botas que le quedarían grandes a cualquiera, como nadie fue capaz tampoco de reconocerle suficiente capacidad política como para salir airoso de una responsabilidad tan grande. ¿Por qué entonces el doctor Balaguer, más consciente que nadie de esas limitaciones, lo eligió para que dirigiese los destinos de la organización cuando él ya no estuviese entre los mortales? Señores reformistas, se lo dejamos de tarea.

Inoportunas decisiones

Doña Milagros Ortiz Bosch ha defendido con todo la vehemencia que la caracteriza las medidas que ha tomado al frente de la cartera educativa, con argumentaciones tan legítimas, por lo menos sobre el papel, como la necesaria institucionalización de nuestra vida pública. Nadie, tanto por respeto a su investidura como a su trayectoria política y personal, piensa regatearle mérito a sus razones, pero tampoco es posible pasar por alto el hecho de que funcionarios de la cartera, entre ellos varios subsecretaruos, cobren sobresueldos a través de los programas financiados por organismos internacionales, o que se produzcan cerca de 14 mil pensiones y jubilaciones para favorecer a empleados de esa cartera, la mayoría maestros, faltando muy pocos días para el traspaso de mando. Si algunas de esas medidas no son lo que parecen no es culpa de quienes lo denuncian, o creen denunciarlo, como algo irregular, sino del momento -la festiva piñata de la transición- que se ha escogido para ponerlas en ejecución.