Agujeros en la justicia.-  La primera idea que me asaltó desde que me enteré, gracias a una nota periodística en este mismo diario,   de que nada menos que cuatro mil personas se encuentran en situación de rebeldía de la justicia penal tan solo en la Fiscalía del Distrito Nacional, es que la garantía económica que con tanta ligereza están imponiendo muchos de nuestros jueces como medida de coerción a los imputados se ha convertido en el equivalente de la liberdad bajo fianza de la “vieja justicia”,  que  en los hechos representaba, al igual como está ocurriendo ahora,  un certificado de   impunidad garantizada o de absolución definitiva y sin consecuencias.

Como se han repetido  hasta el cansancio no vale la pena retomar aquí las conocidas críticas a la “importación”  del Código Procesal Penal o, en su defecto,  a la –aparentemente incurable– venalidad de algunos jueces (nada hay más inútil que llorar sobre la leche derramada), pero alguien debe sentirse alarmado, y además atreverse a decirlo públicamente, por las repercusiones de esos peligrosos agujeros en el sistema de administración de justicia y, más que nada,  su impacto directo en la deteriorada seguridad ciudadana.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ha decidido plantarle cara a la situación disponiendo una serie de   medidas dirigidas a retomar  la persecución  de todos esos “rebeldes”, previa depuración y actualización de sus expedientes, pero  tengo la desagradable sensación de que la magnitud del problema la sobrepasa a ella y a sus buenas intenciones. Es lo que siempre ocurre cuando permitimos que la indolencia, la falta de acciones correctivas oportunas, abone los problemas hasta hacerlos crecer tanto que resultan inmanejables.