¿Con qué derecho?.- ¿En qué se parecen la Ley de Partidos y la ley que regula los salarios del sector público? En que los políticos que controlan el Congreso Nacional las consideran contrarias a sus intereses, pues de ser aprobadas se constituirían  en obstáculos en su propósito de continuar manejando los recursos públicos sin ningún control. Por eso usted ve al Ministro  de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, apelar a la sensibilidad de los legisladores para que aprueben la Ley de Salarios y evitar así   que siga ocurriendo lo que ocurrió con los  miembros del Tribunal Superior Electoral, que tan pronto asumieron sus puestos decidieron que los RD$260 mil que les correspondían como salario no eran suficientes, y se lo aumentaron  a RD$360 mil. ¡Así de fácil! Y lo mismo hizo la ministra de Educación Josefina Pimentel, quien al llegar al cargo  se encontró  pocos los RD$185 mil que tenía asignados y se los aumentó a RD$300 mil, pero no conforme con eso también les hizo  aumentos sustanciales a sus técnicos y colaboradores con la excusa de la “complejidad del cargo”. Cuando usted contrasta esa realidad, es decir la de privilegiados funcionarios públicos que pueden aumentarse  a sí mismos sus salarios,  con la realidad de los maestros, a los que se quiere crucificar porque han decidido hacer valer su derecho, con todas las armas a su alcance, a un salario digno, tiene necesariamente que indignarse. ¿Con qué derecho se atreve  un senador o un diputado, acostumbrados a  servirse con la cuchara grande de cofrecitos y barrilitos, a criticar los métodos de lucha de la ADP?  ¿O un funcionario que tiene todos sus problemas resueltos? ¿O los empresarios a los que el gobierno (este y todos) siempre les arregla su mundo? Pero lo que más indigna de esta situación es tener la certeza  de que si en lugar de los maestros   se tratara de los transportistas, a los que el gobierno les da todo lo que le pidan y más,   ya  los hubieran complacido.