Chivo expiatorio.- Cuando la Fiscalía de la provincia Santo Domingo anuncia que someterá a Raul Serumberto Mota Reynoso (Vantroi) por falsificación, un delito menor, está reconociendo de manera implícita que no está en capacidad de aportar las   pruebas de las numerosas muertes y crímenes que se le atribuyen al presunto cabecilla de la banda de sicarios “Los Doce Discípulos de Guachupita”, a quien la Policía  Nacional le endosa la muerte de al menos 36 personas.

Y es que a pesar de la bulla y la espectacularidad –marca de fábrica de la actual jefatura– conque ha querido envolver el  caso la Policía Nacional resulta evidente que sus investigadores  no han podido hacer acopio de las  pruebas que le permitan sostener ni una sola de esas acusaciones, ni una sola de esas 36 muertes, ante un tribunal de justicia. Mientras tanto, una sociedad que se cree con demasiada  facilidad  los shows, con gran despliegue mediático, que acostumbra montar  la institución del orden  reacciona escandalizada pidiendo a gritos  la cabeza del juez que en atención a la debilidad de las pruebas  presentadas contra el imputado decidió otorgarle la libertad bajo fianza, cabeza que le fue entregada  en bandeja de plata por la Suprema Corte de Justicia gracias a que su pleno decidió cancelarlo en forma sumaria y en tiempo récord y sin escucharlo ni examinar el expediente en el que basó su decisión.

En esta ocasión el sacrificado, el chivo expiatorio, ha sido el doctor Raúl Rosario Hernández, el  juez interino del Tribunal de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo, pero en honor  a la verdad  hay que decir  que no es el único que debería cargar con las culpas de este papelazo que vuelve a poner al desnudo las flaquezas y debilidades endémicas de nuestras instituciones, en esta ocasión las que tienen que ver con la administración de justicia y  la persecución del delito.