Delinquiendo desde la cárcel– La Comandancia Regional Sureste de la Policía Nacional anunció ayer el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a cometer fraudes a través de llamadas telefónicas, en complicidad con reclusos de la cárcel de San Pedro de Macorís y otros recintos de la zona. No es la primera vez, y puede apostarse  a que  tampoco será la última, que se determina la participación (a veces  en calidad de cabecillas o planificadores) de reclusos que a pesar de estar  cumpliendo condenas en nuestras cárceles por sus crímenes y delitos se mantienen activos y en capacidad de seguir cometiendo  fechorías, como acaba de demostrarse una vez mas,  y todo eso porque la Procuraduría General de la República ha sido incapaz  de hacer cumplir con efectividad y rigor la regulación que prohíbe el uso de  celulares en los recintos penitenciarios del país o, en su defecto, bloquear electrónicamente las señales para impedir así que los utilicen para  seguir delinquiendo desde las cárceles,  a donde se supone fueron apartados para proteger a la sociedad de sus actividades criminales.

Hace ya unos cuantos días  escuché al diputado Pelegrín Castillo decir en un programa de televisión que resolver ese problema, que calificó de sumamente grave, tanto así  que propuso  sea abordado y resuelto antes de emprender cualquier reforma de los códigos o acometer  otras medidas de carácter extraordinario,  no es tan complejo  ni tan costoso como pudiera llegar a pensarse, aunque sí resulta imprescindible que exista de parte de la autoridad voluntad y determinación para hacerlo, precisamente lo que no parece  existir en estos momentos. Aunque un poco tardíamente, quiero decir aquí que estoy  completamente de acuerdo con el  legislador de la Fuerza Nacional Progresista, y los hechos –desgraciadamente– nos dan la razón.