Cuentas no muy claras- Parece que la modificación propuesta por el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, a la Ley 72-02 que regula el uso y destino de los bienes incautados a los narcotraficantes no es tan conveniente ni tan positiva como la pinta su promotor, en su intención de hacer una distribución “más equitativa” de esos recursos. Conocida es la oposición  del Consejo Nacional de Drogas y de instituciones que trabajan en la prevención del uso de drogas como Hogares Crea y Casa Abierta a esa modificación, pero la mayoría ignorábamos el impacto que tendría sobre la política de persecución del narcotráfico, hoy por hoy el enemigo número  uno de la seguridad pública, hasta que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el mayor general Rolando Rosado Mateo, hizo la advertencia en el Congreso Nacional. Tampoco sabíamos que el organismo antinarcóticos atraviesa por dificultades económicas tan serias, al extremo de que con frecuencia no tiene con qué pagar (este mes por ejemplo) el salario de sus miembros, situación que se agravaría si se aprueba el proyecto de ley llevado ante los diputados por el doctor Jiménez Peña. La visita de Rosado Mateo al Congreso, a donde también acudieron la presidenta  del CND, Mabel Feliz, y representantes de Hogares Crea y Casa Abierta a persuadir a los legisladores de que rechacen ese proyecto, sirvió también para poner en evidencia una situación mucho mas alarmante que los intentos de modificar unilateralmente la Ley 72-02 sobre lavado de activos: el manejo antojadizo, al margen de la ley, de los bienes y  recursos incautados (Mabel Feliz dice que en la cuenta de la Procuraduría hay depositados más de US$12 millones que deberían estar en la  del Comité Nacional de Lavado de Activos) por parte del Procurador. ¿Quién controla el uso que se da a esos recursos en condiciones tan irregulares? Espero que en la Cámara de Cuentas conozcan la respuesta.