Ha provocado gran disgusto entre oficiales superiores y subalternos dentro de la Marina de Guerra, aunque no se atrevan a decirlo por atendibles razones, el ascenso a capitán de corbeta de un conocido periodista, quien ha tenido una meteórica carrera militar luego de que ingresara a ese cuerpo en el año 2002. Cuentan que el comunicador, amante de los juegos de palabras y poseedor de un humor tan urticante como el ají picante, ingresó a la Marina con el rango de sargento, meses después fue ascendido a alférez de navío, hasta llegar recientemente a capitán de corbeta, un rango superior que incluye un sub oficial a su cargo y hasta un chofer. Cualquiera que relacione esta situación con el reciente debate sobre la supuesta cualquierización de las Fuerzas Armadas, hay que decirle al mal pensado que se trata, sencillamente, de una coincidencia.

[b]Vistas públicas[/b]

El Senado de la República celebró el pasado jueves su primera sesión de vistas públicas del proyecto de ley que pretende crear dos nuevas provincias, del senador Tonty Rutinel, un acto que, como bien reseñó este diario, tuvo todas las características de una actividad eminentemente proselitista. Un gran error, sin duda, de los auspiciadores del invento, que hasta ahora han pretendido desestimar las naturales suspicacias de una opinión pública a la que le sobran razones para advertir la mano oculta de los políticos en esas inoportunas diligencias. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la participación de Rafael Santos, Superintendente de Bancos, quien defendió las bondades del proyecto y pidió a los medios de comunicación que no se prejuicien contra la iniciativa. Una gran ironía, dadas las circunstancias, mucho mas si Santos nunca aclaró al hemiciclo si hablaba como autoridad monetaria o coordinador de campaña del PRD en la zona Este de Santo Domingo.

[b]¿Qué pasó ahí?[/b]

Era previsible que la Policía Nacional, lastrada por una secular cultura autoritaria que finalmente la ha llevado a patentizar, como método de combate a la delincuencia, los letales intercambios de disparos, tuviera serios inconvenientes para la aplicación del nuevo código procesal penal. Lo que resulta más difícil de entender es que el Procurador General de la República, el doctor Víctor Céspedes Martínez, principal impulsor del nuevo código, sea de repente tan comprensivo con los métodos de exterminio de la institución del orden hasta llegar, prácticamente, a su justificación, en momentos en que debería reclamarle que se acoja a los procedimientos que establece su aplicación parcial, hasta tanto entra en vigencia plena, el próximo mes de septiembre, el instrumento jurídico llamado a consolidar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.