Los jueces que integran el pleno de la Junta Central Electoral han pospuesto, por tercera ocasión consecutiva, la discusión del uso de los recursos públicos para favorecer a determinados candidatos, criticado igualmente por observadores de la OEA, la sociedad civil y los partidos de oposición, como si con ese inexplicable mamoneo pudieran eludir una tarea que les atañe directamente como responsables de la organización de las elecciones del próximo 16 de mayo. Ha sido esa falta de firmeza de la JCE para exigirle al presidente-candidato, el único en capacidad de utilizar en su propio beneficio esos recursos, que respete las reglas del juego, lo que alimenta las aprensiones de quienes aún dudan que nuestro tribunal de comicios se comporte a la altura que le exigen las circunstancias, a pesar de las virtudes testiculares de las que presumen, a viva voz, algunos de sus jueces.

[b]El nuevo invento[/b]

Nadie pone en dudas la necesidad de que exista una mayor supervisión y control del mercado de los combustibles, mucho mas si evita el fraude y la adulteración de las gasolinas y otros derivados del petróleo, un cometido que está supuesto a cumplir el recién creado Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, al mando de un mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana. Siempre y cuando, claro está, el nuevo organismo no termine convertido en otra entelequia mas para desgracia de los sufridos e indefensos consumidores, a quienes sobran motivos para haber perdido la fe en las instituciones llamadas a protegerlos. Saludemos, a pesar de las reservas, este nuevo invento, confiando en que los supervisores clandestinos que tendrán a su cargo la detección de cualquier fraude en las estaciones de expendio no sean tan «secretos» como nuestros policías, aunque solo sea para que puedan realizar su trabajo de manera más eficaz, independiente y responsable.

[b]Lo que mal comienza…[/b]

La Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede sorprenderse del escepticismo conque ha recibido la opinión pública el informe, avalado por varios laboratorios extranjeros, en el que se descarta la toxicidad del rockash depositado en Montecristi y Samaná, pues desde el principio se hicieron las cosas mal. Empezando porque la Secretaría de Medio Ambiente, en un olvido incomprensible, permitió la entrada al país de esos desechos a pesar de que el tratado de Basilea, del que República Dominicana es signataria, prohíbe el trasiego de un país a otro de ese tipo de material, sin dejar de decir que tampoco fue capaz de exigir, una vez concedido el permiso, que se respetaran elementales normas para su manejo y depósito. Aceptar como bueno y válido un informe de un laboratorio perteneciente a una de las empresas que trajo el rockash al país ha sido, sencillamente, el colmo, y la mejor demostración -aunque no la única- de que hemos puesto la Iglesia en manos de Lutero.