Hace bien el comando Norcentral de la Policía Nacional al disponer que una comisión especial indague la denuncia de que el destacamento policial de La Junta de los Dos Caminos, en Santiago, se ha convertido en un centro de operaciones desde donde los agentes del orden coordinan todo tipo de delitos contra la población a la que se supone deben proteger, precisamente, de esos desmanes. Mas que nada para saber si se trata de la mentada inversión de valores de la que nos viene previniendo gente muy preocupada por el deterioro de nuestras costumbres (las buenas, por supuesto), sobre todo por lo que ocurre actualmente en la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de velar por el buen manejo de los fondos públicos, donde sus principales jueces son acusados por un senador de la república de la comisión de graves actos de corrupción.

[b]Ni vistas, ni públicas[/b]

Según el doctor Tirso Mejía Ricart, el mismo que hace tan solo unos meses nos quiso imponer la indeseada enema de la Ley de Lemas ((cayó en rima!), el sistema de partidos en República Dominicana corre el riesgo de colapsar, al igual que le ocurrió a la Venezuela que parió al delirante coronel Hugo Chávez, debido a la ausencia de una ley de primarias obligatorias. El presidente del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) acudió el miércoles pasado al Senado a defender el proyecto de ley, en curso en el Congreso Nacional, mediante el cual se establece un sistema de primarias obligatorias, dirigido y controlado por la Junta Central Electoral, en una sesión de vistas públicas que, por su pobre asistencia, tuvo que ser celebrada en la más estricta intimidad legislativa.

[b]La palabra empeñada[/b]

A la extraordinaria habilidad componedora del doctor José Francisco Peña Gómez se atribuye la paternidad del famoso 2 y 2, uno de los tantos inventos del fallecido líder perredeísta consistente en repartir el período de los legisladores, a partes iguales, entre dos meritorios compañeros. El modelo funcionó, más o menos satisfactoriamente, desde que se inició su implementación en las elecciones de 1994, pero la muerte del líder, cuatro años después, lo hizo entrar en crisis, pues muchos se negaron a cumplir lo pactado a pesar de que Peña Gómez tuvo la previsión de exigirles que firmaran su renuncia antes de recibir sus certificados de la JCE. Ese no es el caso, sin embargo, del ingeniero Roberto Rodríguez, director de INAPA, quien cedió la senaduría que ganó por la provincia El Seybo a Marcial Valera, y ahora quiere que se la devuelva. Se trató, según ha explicado el ingeniero Rodríguez, de un acuerdo verbal entre dos caballeros, por lo que no ve motivos para que el senador Varela se niegue a honrar la palabra empeñada. (Cuánto optimismo!