Brecha social
Los datos que ofrecemos a continuación, extraídos de una investigación reciente de INTEC, deberían ser de particular interés para ciertos funcionarios del gobierno, especialmente aquellos que se llenan la boca hablando de la necesidad de cerrar la famosa brecha digital, más que nada para que sepan a la descomunal tarea a la que se enfrentan: de una población de 8.5 millones de habitantes que se calcula tiene República Dominicana solo 116,757 tienen cuentas registradas, apenas un 1.3%, por lo que la brecha digital para el acceso al Internet alcanza un astronómico 98,6%. Como era de esperar INTEC considera que esas cifras son preocupantes, ya que colocan al país por debajo de México, Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú y Panamá, entre otros del continente latinoamericano. Por suerte un catedrático español que anda por ahí, a propósito de la celebración en un hotel de la capital del Congreso Internacional Edutec 05, organizado por la PUCAMAIMA, ha querido quitarnos la venda de los ojos, al asegurar que la brecha que los países en desarrollo como el nuestro deben ocuparse de llenar es la social, no la digital, por lo que lo verdaderamente prioritario es la solución de problemas tan básicos y fundamentales como alimentación, salud y educación.

Corruptos y corrupción

  Por supuesto que es fácil identificar a los corruptos en un país donde todo el mundo se conoce, mucho mas si esos corruptos, como bien señala el doctor Jorge Subero Isa, se ocupan de mostrarle a sus conciudadanos, sin ningún rubor, los deslumbrantes frutos recogidos a su paso por la administración pública. No tan fácil es, como bien sabe el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, sentar a esos corruptos tan notorios y evidentes en el banquillo  de los acusados, pero más difícil todavía es que algún juez los sancione por su delito a pesar de que ni siquiera se han tomado la molestia de ocultarlo. Que esa corrupción sea endémica, sistémica, patológica o estimulante, como ha preferido calificarla el magistrado Subero, resulta irrelevante, por lo menos mientras lo que siga faltando sean jueces con el coraje suficiente para sancionar la corrupción en una sociedad que ya la considera un medio legítimo de ascenso en una escala social donde lo importante es estar arriba al precio que sea.

¿Conflicto de intereses?

  La Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas acaba de anunciar que solicitó de manera formal, en una comunicación dirigida al presidente Fernández copia de la cual fue remitida también a la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, la intervención de la Comisión Nacional de Etica que preside el doctor José Joaquín Bido Medina, para que investigue la maniobras «en extremo irregulares» que habrían patrocinado funcionarios del gobierno para ofertar y realizar injerencias en áreas protegidas como el Parque Nacional del Este. La carta pide que esa comisión investigue cómo pudo ser posible que funcionarios, con intereses en negocios inmobiliarios y turísticos, participaran en la comisión creada por el decreto presidencial 606-05 que elaboró la estrategia de desarrollo de las áreas recientemente «liberadas» por la ley sectorial 202, lo que constituye un claro conflicto de intereses. El doctor Bidó Medina tiene ahora la palabra.