Sobre  leyes y  políticos.-  Gracias a los señores asambleístas, la nueva Constitución que se cocina a fuego lento en el Congreso Nacional establece que para poder acceder a una función pública deben ser tomados en cuenta los méritos y capacidades de los aspirantes, así como su formación profesional y sus niveles de especialización, entre otras exigencias y condiciones  que tienen que ver con su idoneidad y aptitud para desempeñarse como  eficientes servidores públicos.

No soy un experto en la materia ni mucho menos, si acaso un avispado ciudadano que se resiste a dejarse meter gato por liebre, pero al leer la noticia en el periódico no pude evitar recordar la azarosa existencia de la Ley de Carrera Administrativa, que pretende justamente crear y consolidar una burocracia pública profesional y eficiente a salvo de la aplanadora clientelista que se pone en marcha con los cambios de gobierno, pero que desde su promulgación nuestros gobiernos han cumplido únicamente cuando se trata de “sus” servidores públicos. ¿Respetarán los políticos en el poder ese mandato constitucional nombrando en los cargos públicos a los más honrados y competentes y no a los más leales compañeros de partido o aquellos con los que se pactaron  alianzas electorales de conveniencia?

No hace falta responder esa pregunta, simplemente porque todos conocemos la respuesta. Y es una verdadera lástima, porque eso de seguir pariendo leyes que nadie quiere luego cumplir –empezando por el gobierno— o que solo se cumplen a medias no solo es una irracionalidad y un contrasentido sino que constituye también uno de  nuestros vicios más nocivos y perniciosos, en gran parte responsable de que  permanentemente estemos hablando, con resignada impotencia, de nuestras endémicas debilidades institucionales, causa y consecuencia, cual perverso círculo  vicioso, del maldito atraso  en el que nos encontramos  atrapados.