El que parte y reparte…-Cuando uno se entera del valor de  lo incautado a los narcotraficantes tan solo en los últimos dos años, nada menos que 20 mil millones de pesos según el presidente de la DNCD, el mayor general Rolando Rosado Mateo, comprende mejor porqué existe una sorda pugna por el control y distribución de esos recursos, tirijala que protagoniza, con alevosía y ventaja, la Procuraduría General de la República, que por trasmano impulsa un anteproyecto  que modificaría la ley 72-02 sobre lavado de activos que le permitiría apropiarse del 25% de esos bienes.

Radhamés Jiménez argumenta, sin que le falte razón, que el Ministerio Público es el que investiga y somete a la justicia a los narcotraficantes, por lo que merece una buena tajada del pastel, que también piensa destinar a consolidar el nuevo modelo penitenciario que tantos elogios ha recibido. ¿Qué hacer entonces con las organizaciones que trabajan en la prevención del consumo de drogas  como Casa Abierta y Hogares Crea, que a pesar de su importante labor solo reciben migajas de esos recursos? ¿Y con  la DNCD, que no obstante ser el organismo  que  se la juega en las calles cuenta apenas con recursos suficientes para hacer su trabajo y con frecuencia no tiene ni con qué pagar los salarios de sus miembros? 

Hace tiempo estoy convencido de que una buena manera de la sociedad defenderse de un enemigo tan peligroso y dañino es utilizando  toda esa riqueza que le ha sido incautada  para enfrentarlo, para  fortalecer tanto las políticas públicas de prevención como de persecución, por lo que siempre me ha parecido un crimen permitir que esos bienes se deterioren o que unos pocos privilegiados los disfruten o los  usufructúen en su propio beneficio.