Ancho y ajeno.-  Consecuencia, sin duda, del auge de la industria turística, pero más que nada de la debilidad de un Estado incapaz de proteger  los derechos de las mayorías, hemos asistido a un progresivo proceso de privatización  de muchas de nuestras playas, sobre todo en la zona Este del país, a pesar de que al día de hoy conservan, al menos nominalmente, el carácter de públicas.

Por eso es lógico  suponer que el propósito de los asambleístas que en la sesión del pasado martes decidieron, y así quedará establecido en la nueva Constitución,  que “los ríos, lagos, lagunas, las playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso al público” es cambiar esa situación, devolverle a los ciudadanos lo que siempre les ha pertenecido por derecho propio, cumpliendo con una serie de reglas para su utilización y disfrute que también serán consignadas en la Carta Magna.

Nunca ha estado en discusión la necesidad de proteger y estimular la industria  que constituye la espina dorsal de nuestra economía, como tampoco lo está el hecho de que muchos conciudadanos, que van a ”buscársela” a nuestras   playas, son un auténtica plaga que ahuyenta a  nuestros visitantes  y proyectan una pésima imagen del país, pero no todo somos “sanquipanquis”,  hacemos trencitas en el pelo o acosamos a los turistas con nuestra impertinencia.

Personalmente dudo mucho que las buenas intenciones de los asambleístas reviertan esa triste realidad, que puedan devolvernos lo que nos ha sido arrebatado en nombre del progreso y el desarrollo (el de unos pocos, claro está), a menos que cambien de un día para otro  las injustas reglas de juego que  nos han impuesto los gobiernos, más inclinados a proteger los intereses de los ricos y los poderosos que los de los simples y anónimos ciudadanos que desde su impotencia ven cómo el mundo en el que les ha tocado vivir es cada vez más ancho (¿o sería más apropiado decir globalizado?) y ajeno.