Cabos sueltos.-  La sorpresiva revelación de que una  funcionaria de la  Unidad Antilavado de Activos, a la que un reportaje de Nuria Piera evidencia  como adquiriente de  bienes cuya propiedad verdadera se atribuye al fugitivo narcotraficante boricua  José David Figueroa Agosto, podría ser interpretada como otra señal de que en ese expediente no están todos los que son ni son todos los que están. ¿Cómo es posible que esa funcionaria le comprara a Mary Peláez, a quien las autoridades señalan cono testaferra del fugitivo, una yipeta considerada como cuerpo del delito? ¿No llamó la atención de las autoridades una operación tan  sospechosa?

Desde el principio se tiene la impresión de que las investigaciones en torno a Figueroa Agosto y la red delictiva que se supone dirigía en República Dominicana tienen demasiados  cabos sueltos, que  faltan un montón de implicados, tanto de los que tuvieron algún tipo de relación comercial con el fugitivo (testigos coinciden en  señalar que el  boricua tenía siempre una trulla de gente detrás deseosa de hacer negocios con él) como de los que le ofrecieron protección o le sirvieron de “facilitadores”  de sus actividades, que probablemente son  los mismos a los que agentes federales boricuas acusaron  de entorpecer su captura filtrando a los medios de comunicación informaciones  relacionadas  con su persecución. El doctor Radhamés Jiménez, Procurador General de la República, ha querido restarle gravedad al asunto   calificando la actuación de la funcionaria como una simple falta a la ética, pero una justificación tan simplista (para no decir otra cosa) solo contribuye a reforzar  la percepción de que no se nos ha dicho la verdad completa, pues solo basta escarbar un poco –como acaba de hacer Nuria Piera– para confirmarlo.