A la ofensiva– Es lógico y hasta comprensible que después de la amarga derrota que significó la sorpresiva eliminación, de parte del Poder Ejecutivo, de la natimuerta Policía Técnica Judicial, la Procuraduría General de la República intensifique su ofensiva de relaciones públicas  para defender y justificar otro de sus engendros: el proyecto de modificación a la ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, con el que pretende apropiarse del 25% de los bienes decomisados en desmedro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),  que sería despojada de la mitad de los recursos que recibe actualmente, y en absoluto desprecio de la labor  que realizan las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención del consumo de drogas. Perfectamente consciente, tras la lección tan duramente aprendida, de la influencia que tienen los uniformes y los rangos en el Palacio Nacional, el doctor Radhamés Jiménez Peña no quisiera que se repita la historia, mas aún sabiendo como sabe que su propuesta legislativa representa una amenaza cierta a la capacidad operativa de la DNCD, como bien alertó el mayor general Rolando Rosado Mateo, lo que constituye un injustificable contrasentido de cara a las políticas públicas que tienen que ver con la persecución del consumo de drogas y el narcotráfico. 

Tanto la propuesta de modificación a la Ley de Lavado de Activos, actualmente en manos del Congreso Nacional, como la Ley Orgánica del Ministerio Público que sirvió de envoltura a la siquitrillada Policía Técnica Judicial adolecen del mismo vicio de origen: no fueron consensuadas con las entidades a las que afectan, ni se crearon las condiciones –culpa de las prisas o la mala fe— para  que la opinion pública las conociera  y debatiera, un ejercicio democrático siempre saludable que ahorra contratiempos, confusiones  y malentendidos. ¿Por qué no habrían de correr  la misma suerte?