De fuera vendrán.- Algunos sectores de opinión han expresado su alarma, que en algunos casos ha devenido en crítica abierta y descarnada, por la decisión del presidente Leonel Fernández de supeditar la construcción  de la cementera que se pretende instalar en las proximidades del parque  Los Haitises a los resultados de un estudio que se solicitó  a la Organización de las  Naciones Unidas (ONU), pues  entienden  que constituye una renuncia al soberano derecho de tomar decisiones que competen,  única y exclusivamente,  al gobierno dominicano y a sus autoridades.

Tal vez olvidan esos críticos que la Pastoral Ecológica de la Iglesia Católica fue la primera que planteó la necesidad de recurrir al arbitraje de un organismo internacional, lo suficientemente distante y ajeno a los intereses contrapuestos  alrededor de la instalación de esa polémica cementera, como para estar en capacidad de hacer una recomendación objetiva y apegada a los hechos moleste a quien moleste.

Esos fueron, en esencia, los mismos argumentos esgrimidos por el mandatario para explicar  la decisión, calificada por sus críticos como un mal precedente de cara a futuros conflictos, sobre todo los de índole migratorio y todo lo que tiene que ver con el eterno problema haitiano, pero esa coincidencia  no es graciosa y mucho menos fortuita; obedece, fundamentalmente, a un mal que se arrastra de viejo  y que se agudiza, para nuestra desgracia,  con el paso del tiempo y de los gobiernos: la poca confianza y credibilidad que inspiran nuestras instituciones.

¿Habrá algún día que recurrir, como se teme,  a un organismo internacional para que nos resuelva el problema de los haitianos ilegales, los mismos haitianos que, a estas alturas, todavía no  hemos podido siquiera  contar? No sé si  en el futuro seremos capaces de llevar ese asunto   tan lejos, pero si alguna vez ocurre espero que seamos lo suficientemente honestos como para no salir a buscar a los culpables más allá de nuestra secular indolencia.