Temores infundados.– Es comprensible, por el subido tono de la campaña electoral en su tramo final, que tanto dentro como fuera de la Junta Central Electoral haya gente preocupada por lo que pueda suceder el 20 de mayo, cuando ciudadanos y ciudadanas concurran a las urnas para elegir el próximo Presidente de la República, pero tampoco hay que exagerar la nota, pues en ese afán de parecer más papistas que el Papa se está minando la confianza que debe inspirar el organismo electoral.

Ahora resulta que algunos jueces del tribunal están inquietos ante la posibilidad de que las  redes sociales sean utilizadas para transmitir informaciones distorsionadas  sobre los resultados que perturben el  proceso.

Los magistrados César Francisco Feliz y Rosario Graciano están conscientes de que la Ley Electoral no prohíbe, taxativamente, su utilización, pero están convencidos de que  hay que  encontrar un mecanismo que evite que la información sobre el cómputo electoral que circularía por las redes sociales se salga de control, aunque implícitamente reconocen que eso es algo prácticamente imposible.

Un experto en redes sociales  que trabaja para la Fundación Global llamaba la atención, hace unos días, sobre la necesidad de firmar un “pacto de cibercivilidad” que impida  el proselitismo a través de las redes sociales, igualmente consciente de que no es posible ponerles una mordaza. 

¿Coincidencia o transmisión de pensamiento? Sea lo que sea particularmente creo que en ambos casos se está exagerando al invocar temores infundados,  pues si bien es cierto que las redes sociales han probado tener la capacidad, en determinadas circunstancias, hasta de tumbar gobiernos, como ya ocurrió en los países de Africa del Norte sacudidos por la llamada Primavera Arabe, también lo es que la democracia dominicana tiene solvencia y madurez suficientes para salir airosa y fortalecida de la prueba que le aguarda el próximo 20 de mayo.