La zurrapa.- Por ser como somos, caribeños, tropicales y muy efervescentes, el tirijala público entre el presidente de la Junta Central Electoral y dos de sus miembros titulares desbordó sus cauces naturales, y ya se habla, con sospechosa ligereza, de un juicio político que destutane a quienes con su comportamiento ponen en peligro la credibilidad del organismo electoral. ¿Pero existen realmente razones para un juicio político como el que se llevó de encuentro a los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Se han calculado los riesgos de un proceso que podría destruir la credibilidad de la JCE y, por vía de consecuencia, su capacidad para organizar unas elecciones confiables y transparantes en el 2016? Pienso que los legisladores pueden hacerle un gran servicio al país ayudándonos a determinar si es cierto, como han denunciado José Angel Aquino y Eddy Olivares, que se le está negando la cédula de identidad a mas de 22 mil ciudadanos dominicanos de origen haitiano, o si se trata simplemente de una vulgar mentira, como alega el doctor Roberto Rosario Márquez. Pero de ahí a un juicio político, con todas sus implicaciones y riesgos, hay un trecho tan largo como peligroso que no conviene recorrer. Por eso comparto cien por ciento la posición del vocero reformista en la cámara baja, el diputado por Jarabacoa Ramón Rogelio Genao, quien opina que las discrepancias entre los miembros del organismo electoral no reúnen los méritos para algo tan serio como un juicio político, pues son algo normal en un organismo colegiado en el que sus miembros tienen visiones distintas. Igualmente comparto su percepción, producto sin duda de su experiencia en los tejemanejes congresionales, de que esa propuesta tiene su zurrapa, pues lo que en el fondo se procura –dice– es utilizar ese juicio contra algunos de los miembros de la JCE con propósitos (agrego yo) nada sanos y mucho menos democráticos. Y así, señores legisladores, no fue que hablamos.