Solo justicia.- Nada ni nadie la va a devolver la vida de su hija, segada por una bala mientras la muchacha, de apenas 18 años, compraba una hamburguesa cerca de su casa de Los Guaricanos,  pero lo menos que puede recibir un padre desconsolado  es la garantía de que el responsable recibirá  el castigo que merece. ¿Es eso pedir demasiado? Parece  que sí, y el principal obstáculo, según denuncia el padre de  Johana Rosalis, es que el victimario,  quien realizó los disparos que le arrebataron la vida con la intención de  dispersar una protesta frente a su negocio, es hermano de un coronel de la Policía Nacional que supuestamente lo protege. La querella ya fue depositada en la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, que está  obligada a actuar como si la ley fuera  igual para todos tengamos o no familiares en la Policía Nacional, y más que nada a demostrar que la justicia dominicana puede  dar la respuesta apropiada  al crimen del que fue víctima Johana, otro “daño colateral” –aunque suene duro decirlo– de la violencia criminal que gobierna  nuestras calles.

¿Quiénes son?.- Tanto tiempo llevamos escuchando la mala noticia de que los bienes y propiedades incautadas por ser producto del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos son usufructuados  por funcionarios civiles y militares, que cuesta  creer que esa situación  vaya  a cambiar algún día. Germán Miranda Villalona, director de la Unidad Antilavados de Activos de la Procuraduría, informó hace unos días que  realiza un inventario  pormenorizado de esos bienes y en manos de quien están, con el propósito  de hacer lo que nunca se ha hecho: darles  el uso correcto, el que manda  la ley. Hagamos votos porque el funcionario lleve a feliz término ese inventario, que supone la recuperación  de todos esos bienes, y si de ñapa da a conocer la lista con los nombres de los privilegiados que los han estado disfrutando sin ninguna consecuencia le haría un gran servicio a este pobre y jodido país.