Valga la ironía. Nunca he entendido muy bien las razones en las que se sustenta la decisión de las autoridades responsables del nuevo modelo penitenciario de pelar al rape a todo aquel que ingrese a sus recintos, sobre todo cuando se trata de ciudadanos que van allí en calidad de presos preventivos, a los que ningún tribunal ha condenado y hay que presumir inocentes hasta que se les demuestre lo contrario.
Con esa draconiana disposición se violentaron los derechos del cantante urbano Vackeró, tal y como estableció un tribunal de justicia en una sentencia que llegó demasiado tarde, y también los del empresario Frank Jorge Elías, a quien un juez acaba de enviar tres meses a prisión como medida de coerción acusado de maltratar física y sicológicamente a su esposa.
Irónicamente, los promotores del nuevo modelo lo han vendido siempre como un sistema que procura la dignificación y humanización de las condiciones de encierro de los internos, librados del hacinamiento y la promiscuidad que son el pan nuestro de cada día del viejo modelo, donde –por cierto– no se humilla a nadie pelándolo a caco.
Un desliz. Desde que hizo pública la decisión de apresar a quienes recurran a los servicios de prostitutas que ejercen en las vías públicas el doctor Francisco Domínguez Brito sabía que se trataba de una medida polémica que recibiría muchas críticas, y efectivamente así ha sido.
El exprocurador Víctor Céspedes, por ejemplo, la calificó ayer como un desliz, pues si bien es verdad –argumentó– que en el mundo hay prostitución desde el nacimiento de la humanidad la tendencia histórica de las sociedades ha sido la de no perseguirla penalmente. De todas maneras, amigo lector, si piensa usted darse una vuelta por la Sarasota o la Bolita del Mundo a recoger una muchachona abra bien los ojos y olvídese de las tendencias históricas, pues a pesar de su cara de buena gente el doctor Domínguez Brito tiene los juegos bien pesados.