Derecho a la discriminación. El llamado derecho de admisión ha sido, por años, un pretexto para que propietarios  de negocios, sobre todo bares y discotecas, ejerzan el derecho a la discriminación de sus clientes, en atención  a su condición social, color de piel, raza, forma de vestir o de cortarse el pelo. El caso más reciente, el de un bar que  hace unos días le negó la entrada a dos médicas por el color oscuro de su piel, simplemente significa que la práctica continúa, que en este país del mulataje, donde todos tenemos el negro detrás de la oreja, hay gente que todavía cree que el color de la piel hace la diferencia, aunque ello implique despreciarse a  sí misma y a sus propios orígenes. La inmediata reacción del Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, emitiendo una resolución que prohíbe a dueños de  bares, discotecas, restaurantes y otros centros de diversión   impedir el ingreso de personas amparados  en razones de color de piel, raza, o su apariencia física, es una buena  y oportuna señal de que desde la autoridad no se tolerarán esas formas tan afrentosas de discriminación. También me parece buena idea el anuncio de Domínguez Brito de que creará un sistema de recepción de denuncias  y persecución del delito de discriminación racial que estará bajo la supervisión directa de  la Unida de Derechos Humanos de la Procuraduría,  siempre y cuando (¿por qué será que  hay que hacer la misma advertencia?) se pase de las palabras a los hechos y ese anuncio se convierta en  una realidad. Por lo pronto, hace  bien el Procurador General de la República  en dejar bien establecido  que el llamado derecho de admisión al que apelan muchos centros de diversión en modo alguno implica  un derecho a la discriminación.