Cuentas claras en la JCE-. Cierto  es que el clima de intranquilidad y desasosiego, de dimes y diretes, de acusaciones y contra acusaciones que predomina en la Junta Central Electoral a causa de las desavenencias entre sus miembros debe terminar cuanto antes si es que aspiramos a que  esté en capacidad de cumplir a cabalidad su responsabilidad de organizar las elecciones congresionales y municipales del año próximo, pero son tantas las cosas que se han dicho, tan graves las imputaciones que se han hecho, que la decisión del Pleno de dar por cerrado el agrio debate generado por los cuestionamientos  de la doctora Aura Celeste Fernández al manejo presupuestario  del organismo no parece suficiente para resarcir el daño que se ha provocado a la imagen del tribunal, poniendo en dudas, de paso, la idoneidad de algunos de sus miembros para desempeñar las delicadas funciones  que se les han confiado.

No se trata aquí de establecer quién tiene, realmente, la razón, algo imposible de determinar desde las gradas  y sin los suficientes elementos de juicio para inclinar la balanza hacia un lado u otro, pero para eso están los organismos de control y fiscalización de los recursos públicos como la Cámara de Cuentas, que hay que suponer ha seguido con mucha atención e interés la altisonante controversia alrededor del manejo de los millonarios recursos que administra la  JCE.

La doctora Fernández, que no es la rebelde sin causa ni la histérica en que muchos la quieren convertir ahora, insiste en que el presidente de la Cámara Administrativa, el doctor Roberto Rosario, no le dijo la verdad al país al informar que el monto de lo invertido en obras fue RD$249 millones, pues realmente la cantidad supera –dice– los RD$460 millones. ¿A quién debemos creerle? Tratándose  de una diferencia tan significativa, y más que nada porque estamos hablando de dineros públicos, parece necesario que sea la Cámara de Cuentas la que diga la última y definitiva palabra.