Imprudencia
El célebre artículo 55 de la Constitución dominicana, el mismo que por estos días amagan con modificar -por enésima vez- nuestros políticos, debería consagrar también la potestad del Presidente de la República para cometer cualquier tipo de imprudencia siempre y cuando sea en beneficio del país y las grandes mayorías, para lo que puede desplazarse allí donde lo crea necesario o pertinente, tanto en tiempos de guerra como de paz y sin importar si se juega la vida en el intento.

De esa manera no habría que sacrificar al embajador dominicano en Haití para hacerle pagar la insolencia de unos estudiantes revoltosos, como ya han sugerido algunos exaltados del patio, ni porqué seguir recriminando a nuestros organismos de seguridad la falta de una oportuna advertencia, pues probablemente hayan hecho bien su trabajo y simplemente se les oyó pero no se les escuchó. El esfuerzo del presidente Fernández de constituirse en su propio portavoz para entregar personalmente a las autoridades haitianas, no obstante los riesgos calculados, un mensaje de distensión y buena voluntad valió la pena a pesar del susto y el corre corre, pues el gesto del mandatario dominicano ha sido una señal inequívoca que esas autoridades han recibido sin distorsiones ni intermediarios y a pesar de todo el ruido provocado por la escaramuza estudiantil.

Como en el Oeste

Si esto sigue como va los camiones cargados de mercancías que circulan por nuestras carreteras tendrán que hacerlo como las «diligencias» del Viejo Oeste norteamericano, custodiadas por guardianes armados para proteger al vehículo y su carga —pasajeros o valores— de los asaltantes de camino. Pero antes de que lleguemos a esos extremos el presidente de la Comisión Avícola Nacional, Wilfredo Cabrera, prefiere advertir al gobierno que los productores de pollos y huevos del Cibao suspenderán el transporte de mercancías desde esa región hacia cualquier otro punto del país si no se mejora la vigilancia en las carreteras, pues los frecuentes asaltos a mano armada los tiene al coger el monte, pero más que nada completamente atemorizados. Esa advertencia, a la que podrían sumarse, porque motivos les sobran, otros sectores productivos del país que ya han sido víctimas de esos desmanes, debe ser valorada en su justa dimensión por las autoridades, empezando –desde luego– por la Policía Nacional, responsable de evitar que nuestras carreteras se conviertan en tierra de nadie o en un serio obstáculo para el desenvolvimiento económico de la nación.

Culpas mal repartidas

Muy amargamente se quejaba ayer monseñor Agripino Núñez Collado, aparentemente decepcionado por el estrepitoso fracaso del consenso que hizo naufragar el proyecto de reforma fiscal enviado al Congreso Nacional por el gobierno, fracaso que nuestro mediador por excelencia atribuye a las cercanías de las elecciones congresionales y municipales del próximo año. El Coordinador del Diálogo Nacional lamentó, asimismo, que nuestra clase política no haya aprendido todavía a separar los intereses político-electorales del sagrado interés nacional, pero conservó la dosis suficiente de buen sentido para advertir que eso no implica, de ninguna manera, que en el país se hayan cerrado los caminos del entendimiento y la concertación. Puesta así las cosas habría que admitir que monseñor Núñez Collado tiene toda la razón, pero tal vez olvida que la culpa de que ese consenso haya durado menos que una cucaracha en un gallinero no es solo de los políticos aposentados en las cámaras legislativas, que siempre podrán argumentar que ejercieron un legítimo derecho constitucional, sino también del empresariado, que una vez más mostró su indeclinable vocación para jalar primero para su lado y el que venga atrás que arree, como decía en una de sus estrofas un viejo merengue de Johnny Ventura.