Malas nuevas. Es comprensible, por razones que huelga explicar, que a un gobierno no le resulte ni agradable ni cómodo darle malas noticias a sus gobernados, incluso que trate de dorarles la píldora para de alguna manera atenuar los efectos del inevitable costo político que acarrean esa clase de decisiones, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como reza un viejo dicho popular casi en el olvido, y ese parece ser el caso de la tarifa eléctrica, cuya alza viene zumbando por ahí a pesar de todas las gárgaras y conceptualizaciones conque los funcionarios del sector intentan evadir tan espinoso asunto.
No hace falta ser un versado en un tema tan escabroso como el eléctrico o en los insondables misterios de la economía para atreverse a pronosticar que el alza de la tarifa eléctrica, que versiones oficiosas sitúan en un moderado 15%, tendrá un impacto devastador sobre los pequeños negocios, la pequeña y mediana industria, así como el aparato productivo en sentido general, y ni hablar de lo que significará para la sufrida y golpeada clase media, la que siempre paga los platos que otros rompieron, hoy por hoy obligada a hacer mil y un malabares para poder pagar un servicio de energía que ya se encuentra entre los más caros de la bolita del mundo y que se traga gran parte de su menguado presupuesto.
Será cuestión de tiempo, puesta así las cosas, para que nos enteremos de la mala nueva, aunque justo es reconocer que el gobierno despliega todos sus esfuerzos por agotar las alternativas a mano (la renegociación de los contratos con las generadoras, el diferimiento de algunos pagos para el 2009 y el racionamiento del servicio), mas que nada para evitar que el tollo eléctrico que se incubó en la primera administración del PLD con la famosa privatización le estalle ahora en las manos al presidente Fernández y su gobierno.