¿De dónde saldrán los recursos que le permitirán al gobierno cumplir todo lo que está prometiendo, durante sus recorridos proselitistas, nuestro infatigable Presidente? La pregunta viene al caso porque un simple ejercicio de sentido común permite llegar a la conclusión de que no hay tanto dinero para complacer a tanta gente, y que muchos serán los que habrán de quedarse, inevitablemente, con la cara larga. Esta vez le ha tocado el turno a un grupo de ganaderos con los que el mandatario se reunió el fin de semana en San Francisco de Macorís, a quienes anunció el pago de una deuda de alrededor de dos mil millones de pesos que arrastra el Estado con el sector. Eso sí: antes del 16 de mayo, «para ver si algunos de ustedes cambian de línea y votan por el calvo». O el Presidente está confiando en sus propias cuentas, o alguien lo convenció de que la máquina de hacer cuartos del doctor Nelson Didiez, candidato presidencial del Partido Demócrata Popular, no es tan mala idea después de todo.

[b]Miserias en el IDSS[/b]

Lo más triste del caso, si embargo, no es comprobar una vez mas lo costoso que nos resulta el espectáculo sino lo terriblemente injusto que puede llegar a ser, sobre todo en un país que sigue llorando a gritos sus incontables miserias. Sino que le pregunten a los cerca de trescientos pacientes renales del hospital Salvador B. Gautier, quienes viven un auténtico calvario debido a que el centro asistencial carece de máquinas para dializarlos, pero tampoco dispone de los fármacos que requieren sus costosos tratamientos. Muchos de esos pacientes, en su desesperación, se han visto forzados a compartir entre dos las dosis de sus medicamentos, una peligrosa forma de solidaridad que pone en serio riesgo su salud. Y todo porque el gobierno, tan generoso para otras cosas, sin duda más urgentes pero no más importantes, no acaba de entregar los 50 millones de pesos que por concepto de subsidio le corresponden al IDSS, lo que mantiene sus hospitales en un vergonzoso estado de postración y abandono.

[b]Voluntad política[/b]

Quienes alientan la esperanza de que el secretario de Medio Ambiente, el historiador Frank Moya Pons, comparezca ante los senadores para que explique lo que sabe (o no sabe) sobre el rockash traído desde Puerto Rico deberán esperar, por lo menos, hasta que pasen las elecciones del próximo 16 de mayo. No existe, según se ha sabido en fuentes «de irrefutable crédito», la suficiente voluntad política como para sentar al elusivo ministro en ese incómodo banquillo, lo que explica que la resolución aprobada a unanimidad por los senadores hace un par de semanas, invitando a Moya Pons a darse una vueltecita por el hemiciclo, fuera discretamente engavetada. Lo que se teme, según se dice, es que el hombre que hasta ahora solo ha dado la callada por respuesta ante el escándalo del rockash se destape ante los cuestionamientos de los legisladores, sacando a relucir algunos trapos que la prudencia aconseja airear en otro momento y en la más estricta intimidad familiar.